La escena es escabrosa. De lo que dicen sus protagonistas se deduce que participan en el hecho, al menos tres soldados y un cabo. Uno de ellos graba el suceso.
Otro conduce a un perro hacia un sitio descampado y clava en la tierra una estaca a la que está amarrada la soga que lleva el animal en su cuello, de tal manera que no pueda huir. En cuanto el soldado se retira, uno del grupo dispara su fusil. La víctima cae y aúlla mientras se revuelca de dolor. La cámara continúa rodando. Un segundo fusil aparece y es accionado por su portador. El perro emite un sonido ronco. Un uniformado balbucea, con voz alterada por la droga o el alcohol, o por ambas sustancias: “¿se lo remato o qué, mi cabo?”. Su interlocutor le contesta: “a la cabeza”. Se escucha un tercer disparo. El animalito, envuelto en sangre, sigue quejándose. El cabo se aproxima al moribundo y lo remata a tiempo que se lamenta, arrastrando las palabras, por el desperdicio de munición: “¡cuatro balas para matar un perro!”.
Los soldados y el suboficial pertenecen a la Base militar de Samaná, adscrita al Batallón Ayacucho, estacionado en Manizales. Consultado por Noticias Uno, que reveló ese macabro video, el circunspecto comandante de la VIII Brigada del Ejército contestó lo de costumbre: “la justicia militar ya asumió la investigación”. Supongo que pasarán los días y este canicidio caerá en el olvido. Cuando pasen algunos años, si es que todavía la memoria de alguien resiste, se afirmará, conforme a la política del negacionismo de lo evidente que viene teniendo tanto éxito en la Fiscalía, que no ocurrió sino en la febril imaginación de un medio que hizo ese montaje visual porque “odiaba” a la patria.
Tal vez por simple fatalidad, en el Batallón Ayacucho se suicidaron hace tres años dos reclutas de 22 y 19 años, en el lapso de un mes. Del primero, el comandante de entonces aseguró que “tenía graves problemas de drogadicción”. Del segundo, que se pegó un tiro de fusil aunque no podía portar tal arma y que no se explicaba cómo había llegado a sus manos ese artefacto. ¿Con cuáles parámetros reales de conducta son entrenados, de puertas hacia dentro de los cuarteles, nuestros soldados? Es una pregunta que nunca ha tenido cabal respuesta porque en esta Colombia de hoy, intolerante y bélica hasta el paroxismo, se considera insolidaria y subversiva. Lean, si no sufren de escalofrío, los casi 900 mensajes con deseos de muerte la mayoría de ellos, contra Piedad Córdoba, en el foro virtual de elespectador.com por expresar dudas sobre un tema ciertamente espinoso pero no por ello incuestionable en un país que dizque “garantiza” la libertad de opinión, aunque ésta parezca descabellada. Relean la frase llena de desprecio hacia la exsenadora, del propio mandatario. Examinen el repudio que padece el arzobispo de Cali, quien plantea la “proterrorista” teoría de que las naciones firmantes de los tratados sobre derecho de guerra capturan al enemigo desarmado en vez de acribillarlo.
La crueldad sin límite no es precisamente la característica que se espera de los hombres que representan las armas legítimas del Estado. La drogadicción, el tráfico de armas, el homicidio fuera de combate, las violaciones, para no hablar de delitos de lesa humanidad como los falsos positivos, serán a partir de la reforma a la Justicia —el “punto de honor” del presidente—, asuntos que revisará la justicia penal militar en primera instancia. Ella decidirá, a discreción, lo que conocerán los juzgados civiles. De esto se trata la ampliación del fuero y no de proteger a las Fuerzas Armadas, entre las cuales hay mucha gente recta y con verdadero honor, de una presunta persecución judicial. ¡Por Dios! Busquen otro argumento, porque si algo define a los colombianos es la permisividad excesiva, el perdón y el olvido con que han cubierto a sus militares desviados.
(En el siglo XXI, ninguna causa justifica el secuestro o el fusilamiento. Hay que condenar a las Farc nacional e internacionalmente por practicar esos delitos).