LA REVISTA SEMANA OBTUVO LA DEclaración completa que alias Rasguño le entregó a la justicia colombiana en una cárcel de Estados Unidos sobre el magnicidio de Álvaro Gómez, y reveló apartes polémicos de la misma, en los que el narcotraficante trata de enlodar a personas insospechables.
Comenta la revista que mientras se filtraron pequeñas porciones de las afirmaciones de éste hace unos días, se ocultó, a propósito, el resto del contenido. Dice, además, que el delincuente “deja ver una siniestra intención de salvar a unos y hundir a otros” y, finalmente, se pregunta si hay alguien detrás de esa estrategia. La respuesta viene a continuación cuando asegura que “sorprende” que dos de los tres interrogadores de Rasguño, o sea el procurador delegado Gabriel Jaimes —hombre de entera confianza del procurador Ordóñez— y el hijo de Enrique Gómez Hurtado, abogado de la familia, “le sugieren nombres (al interrogado) e incluso le corrigen fechas y datos cuando se equivoca o no se acuerda”.
Tal revelación, que de resultar exacta anularía ipso facto esa pieza procesal en cualquier tribunal, no ha merecido reproche alguno de la Fiscalía —que dirigió la diligencia— ni rectificación de la Procuraduría. Por tanto, se presume cierta. Por contera, la revista informa que el procurador Ordóñez, quien se ha mostrado “tan interesado” en la investigación, es “gran amigo” del ex senador Pablo Victoria, un personaje de ultraderecha que ha vivido en la semipenumbra y quien fue mencionado como cercano al grupo cívico-militarista que proponía darle golpe de Estado al gobierno de Samper, motivo por el cual alguien habría asesinado a Álvaro Gómez, de acuerdo con una hipótesis que se barajó en esa época. Por último, Semana recuerda que Victoria regresó de España, donde vivía con su esposa Cristina Grueso, porque Ordóñez nombró a ésta procuradora delegada.
En una publicación simultánea y aún más escandalosa que la de Semana, El Espectador encuentra otra arista que tiene que ver con el caso. También entrega detalles de las primeras investigaciones y nos sorprende con varios puntos:
1.- Que fueran tantos y tan significativos los militares involucrados 2.- Que casi todos ellos hubieran sido hombres de inteligencia en Bucaramanga. 3.- Que los civiles mencionados o interrogados en el proceso fueran, igualmente, oriundos o residentes de esa ciudad, y que muchos hubieran sido “asesores” del Ejército. 4.- Que esos civiles tuvieran en común una línea de acción ultraderechista, ultracatólica (de “monseñor Lefebvre”), anticomunista, antiliberal y hasta anticonservadora (si los conservadores tenían “inclinaciones socialistas”). 5.- Que uno de los inspiradores del complot golpista, Hugo Mantilla, resultara ser consultor militar y gran amigo de Alejandro Ordóñez, entonces magistrado en Bucaramanga. 6.- Que Ordóñez fuera nombrado varias veces en el expediente por Mantilla, incluso cuando se mostró “alarmado” porque el general (r) Ricardo Cifuentes podía ser involucrado en el caso.
En Cafarnaúm, un juez respetable se habría declarado impedido de abordar un proceso de cuyos hechos él hubiera tenido conocimiento tan directo. Aquí, el Procurador se “interesa” en la investigación, la dirige, la orienta y su agente se toma hasta la libertad de corregir las declaraciones de los testigos. ¿Para hundir a alguien como pregunta Semana? ¿Para darse gusto y darles gusto a las tendencias militaristas y político-religiosas que profesa? Tal como vamos, el señor Ordóñez logrará convertir la Procuraduría en un órgano de persecución, si la autoridad competente no lo frena.