MUY AVERGONZADOS DEBERÍAN DE estar los siete magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con el “fallo” en que mandaron borrar el nombre de Diego Palacio Mejía, ministro de Protección Social, de la sentencia de la Corte Suprema contra Yidis Medina.
En buena hora una Corte Constitucional que todavía no ha sido cooptada por el Ejecutivo —aunque está dando los últimos estertores de independencia—, puso orden jurídico en casa. Señaló esta Corte lo que varios comentaristas habían percibido desde el primer momento: que “los enunciados en los que se hacen citas de lo dicho por la señora Medina respecto de las personas que le ‘dieron u ofrecieron’ dádivas o utilidades, constituyen premisas necesarias para inferir la conclusión, cual es la existencia del delito…” y que sin esas citas se “resquebraja la estructura de la sentencia judicial emitida por la Corte Suprema”.
No se requiere tampoco ser un jurista para recordar lo que se ha repetido hasta el cansancio en distintos tribunales: las tutelas contra sentencias judiciales no pueden ser un pretexto para abolir o sustituir la independencia del juez natural. Esas razones de fondo importaron un higo a la sala. El deber de ésta con la justicia y el juramento que hizo de cumplirlo, quedaron sepultados frente a sus compromisos políticos. El inocultable rastro que dejó su conducta en este caso, así lo indica, y se convierte en un ejemplo típico de lo que nos espera cuando las Cortes queden integradas en su totalidad por abogados-políticos o por abogados-agradecidos con el Gobierno por su puesto de ocho años. ¡Ya quisiéramos el resto de los colombianos tener el privilegio de semejante estabilidad laboral en estos tiempos de crisis económica! Ni los CEO (por sus iniciales en inglés) de las grandes multinacionales cuentan con ese regalo.
Hay que recordar que los siete magistrados de la sala son elegidos por el Congreso, de ternas que elabora exclusivamente el jefe de Estado, “pero negociadas con los partidos de su bancada, de donde surge que se trata de la más pura y dura toma de uno de los organismos de control por parte del Presidente de la República”, como describió ese proceso la revista Cambio. No nos refiramos a la polvareda ética que se levantó cuando se conocieron los cuestionamientos que existían sobre varios nombres (Ovidio Claros, entre otros). Solo digamos que el ponente de este esperpento, Carlos Arturo Ramírez, recibió el caso como magistrado auxiliar y que puede ser magistrado principal de la sala, dependiendo de la voluntad del Ejecutivo. Y reparemos también en quien la preside: Angelino Lizcano, que reporta esta experiencia laboral: un año como gerente de la Empresa de Licores del Caquetá y 15 como funcionario de la Cámara de Representantes, en donde fue secretario general hasta 2007. De ahí, saltó con garrocha a la sala disciplinaria con el apoyo de 213 votos de parlamentarios, contra cuatro en blanco, dos nulos y uno solo a favor de otro de sus competidores. Soberbio político, diría cualquiera. ¿Créditos de juez? Ni uno.
¿Alguien supone que esa sala uribista manejada por Ramírez y Lizcano puede producir una decisión contrapuesta a los intereses del jefe de palacio? El Ministro estaba —él sí— en su escenario “natural”. Pero como ninguna rama torcida se endereza al final, ahora ha quedado en el peor de los mundos: sospechoso de ser coautor del delito de cohecho y sospechoso de no tener hígados cuando de su defensa se trata.