Sopa y seco nos dieron nuestros vecinos del sur. En Lima, Pedro Chávarry, el fiscal de la Nación que intentó destituir, el 31 de diciembre, a los dos fiscales que investigan las honduras institucionales del escándalo de corrupción Odebrecht con el fin de impedir la continuidad de los procesos, se vio forzado a renunciar por la gigantesca presión callejera de los indignados manifestantes de a pie (ver video de las marchas). A las primigenias protestas ciudadanas, desde luego, siguieron las acciones de los poderes establecidos que fueron abandonando a su fiel Chávarry, presionados, a su vez, por el clima de tensión que ha crecido al ritmo de las revelaciones periodísticas sobre los actos corruptos de jefes políticos, congresistas, partidos, jueces, expresidentes de la República, ministros y empresarios privados.
Los casos Perú – Colombia se parecen como gotas de agua. El emporio brasileño Odebrecht “ganó” las licitaciones de mayor envergadura técnica y económica en ambos países para la construcción de carreteras, recientemente denominadas, aquí, “4G” o de Cuarta Generación, por la modernidad y complejidad de sus obras. La inversión calculada para este proyecto, solo en el periodo presidencial Santos, era de $18.000 millones de dólares o de $47 billones de pesos. Semejante bombón no podía dejarse al azar de la competencia limpia. La palanca de la corrupción era indispensable para asegurarse la adjudicación, además, de otro regalo de fondo: el usufructo de las vías durante 20 y más años. Odebrecht, que conoce la región latinoamericana como a su propia madre porque sus socios y directivos se han codeado con la flor y nata de los gobernantes y legisladores, no se paró en pelillos: compró en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y más, a quien fuera necesario, desde las campañas presidenciales – cubriendo a los candidatos con opción de triunfo – hasta los gobiernos. Sobornó, así, la escala completa de los funcionarios que tuvieran capacidad de decisión.
Cuando Marcelo Odebrecht, cabeza mundial de su firma, fue puesto preso y empezó a confesar para reducir su condena, sus sobornados no se quedaron quietos. Movieron sus fichas de defensa antes de que el lodo los salpicara. Una de sus estrategias fue aliarse —antes de que llegaran las inevitables investigaciones— con los corruptos de la justicia bien fueran fiscales, bien jueces. O, mejor aún, nombrar en los cargos de dirección judicial a sus amigos amarrados por los secretos que comparten todos ellos. Chávarry, el fiscal de la Nación peruana, fue apoyado, para llegar a esa posición, por el movimiento de la poderosa Keiko Fujimori —hoy en la cárcel por recibir dineros de Odebrecht, tras la investigación de los fiscales que Chávarry quiso sacar del camino—; también recibió el aval de otros partidos que lo necesitaban, incluso el del destituido mandatario del periodo actual, Pedro Pablo Kuczynski, quien tuvo que retirarse cuando se descubrió su relación con una asesora de Odebrechet. Pero Chávarry no entró en desgracia con los peruanos únicamente por los sucesos recientes. Su verdadera cara, la del corrupto aliado de corruptos, quedó expuesta cuando unos periodistas revelaron la grabación de su conversación cómplice con uno de los jueces que hizo parte de un grupo igual al cartel colombiano de la toga, involucrado en la compraventa de sentencias judiciales y en el comercio de ascensos y nombramientos en la rama de la Justicia.
Chávarry, con el enorme poder de la entidad que dirigía, se fue lanza en ristre contra los periodistas y los medios que lo descubrieron. Atacó a los líderes de oposición que lo enfrentaron y trató, hasta el final, de frenar el avance de los casos Odebrecht que afectaban a sus compinches. Pese a todo, cuatro expresidentes peruanos encaran serias indagaciones o están en prisión junto con sus funcionarios responsables. Hoy, cae su propio fiscal. Parece inútil detallar lo que ha sucedido en Colombia con la Fiscalía General y con su titular: es tan similar al caso peruano que, si lo relatáramos, parecería que estamos repitiendo.
Eso sí, existe una diferencia fundamental: Néstor Humberto Martínez, alto gobierno uribista, Casa de Nariño, partidos tradicionales —salvo los minoritarios aplastados por el gobiernismo—, Congreso, empresarios, banqueros y hasta unos medios y periodistas de reconocimiento, han hecho una coalición de fuertes lazos para esconder hechos inconfesables. Falta que la voz del pueblo se exprese. La que se hizo sentir en Perú.