Insólita. Así es la propuesta del editorial de El Tiempo de ayer, titulado “Una salida alternativa” para presuntamente evitar “el gravísimo enfrentamiento que hoy distancia al fiscal Eduardo Montealegre y a la contralora Sandra Morelli”.
Lo que allí se pide no solo puede resultar ilegal e inconstitucional, sino que deja la sensación de que antes que investigaciones para destapar delitos de cuello blanco, es preferible la avenencia entre los altos dignatarios del Estado. La frase repetida n veces de que las entidades o quienes las representan tienen que entenderse “de manera armoniosa”, se ha convertido en una disculpa para evitar que se sepan verdades, sobre todo las que afectan a personas con poder. En efecto, afirmar que “la salida debe depender en la menor medida posible… de la Comisión de Acusación”, órgano que por muy “desprestigiado e ineficiente” que sea es aún el competente para examinar la conducta tanto del fiscal como de la contralora, es sacar del campo de la justicia las investigaciones hoy abiertas contra uno y otra y resolverlas, no con pruebas, testigos y documentos como se exige en los procesos serios, sino en el campo social: un apretón de manos, hagámonos pasito y cerremos la boca. “Con nuevas reglas de juego… es más viable pensar en una merma progresiva de la hostilidad reinante”. Esta frase cumbre del autor del escrito es un imposible jurídico en un Estado de derecho que no permite reformar el ámbito de las leyes según quien se sienta afectado por el descubrimiento de hechos probablemente delictivos. ¡Qué pena, pero nadie está exento de ser indagado y juzgado, y la supuesta hostilidad no es óbice válido!
Mucho menos se sostiene las tesis de que: 1. La solución es aceptar la recusación de Morelli contra Montealegre (inane porque él se declaró impedido desde el comienzo), y ampliarla al vicefiscal Perdomo, en cuyo despacho hay varios expedientes que involucran a la contralora, bajo el argumento antijurídico de que como Montealegre sería su “enemigo manifiesto”, de la contralora, Perdomo también lo es. 2. que la resolución del pleito consiste en voltear la Constitución: que la Corte Suprema no sea la que elija al fiscal (en este caso ad hoc) de terna enviada por el presidente, sino que ella elabore la terna y Santos elija al funcionario. Y que, por si fuera poco, él mismo escoja al contralor (también ad hoc), eliminando su elección en el Congreso, como lo prevé la Carta para el titular, de terna hecha solo por la Suprema que se atribuiría el derecho que tienen la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de postular sus propios candidatos.
Entre paréntesis, Morelli adujo como causales de impedimento contra el vicefiscal, además de la enemistad grave, la número 1 que alude a interés familiar en el proceso; la 2: “ser acreedor o deudor” de una de las partes; la 4: ser apoderado de una de las partes; la 11: haber estado vinculado legalmente a la investigación. ¡O yo me estoy enloqueciendo o los locos son otros! Pero volviendo al editorialista, semejantes vueltas no se explican en un columnista de ese espacio, con la carga que representa un periódico tan respetable como El Tiempo, si no es por una segunda intención no tan manifiesta. ¿Quién, entre Morelli y Montealegre, resultaría favorecido, en realidad, si las indagaciones no continúan? ¿Por qué no pedir, en cambio, celeridad y eliminación de la reserva en los procesos que no son de poca monta, como que están en juego la libertad de opinión, el derecho a la crítica, el uso o abuso de los dineros públicos etc.? Yo, como periodista con plenos derechos y probable víctima de uno de los casos que se ventilan, solicito justicia y transparencia. Todo esto no puede terminar en un coctel con vinito y música de fondo.