En Colombia sucede. También en la dictadura Maduro, uno de cuyos primeros focos de sometimiento fue la justicia. Por eso, unos miembros del verdadero Tribunal Supremo de Venezuela, relevados de sus funciones por la Asamblea Constituyente que se inventó el sucesor de Chávez para eliminar cualquier vestigio de democracia, viven exiliados en Bogotá. Mientras tanto, nosotros pasamos por algo similar: nuestra Corte Suprema está, por segunda vez en diez años, en la mira del suprapresidente Álvaro Uribe quien logró, tal cual se temía, que su agenda del siglo XIX se desarrollara en el gobierno Duque. La primera embestida contra la Corte ocurrió cuando Uribe era jefe de Estado por segunda vez, gracias a la figura de la reelección que estaba prohibida en la Constitución, pero que el mandatario, en abuso de sus funciones y exceso de sus límites como lo prueban las condenas de sus servidores, consiguió introducir en la Carta. Entonces el Congreso actuaba acorde a sus caprichos. Los miembros de la Sala Penal de la Corte de los años 2006 al 2010 osaron ser independientes cuando les correspondió investigar a los aliados de la coalición gubernamental, por los nexos paramilitares con que muchos caciques de esa etapa negra de la historia se beneficiaron política y económicamente.
Para más osadía, los togados indagaron sobre el primo del presidente, Mario, no solo familiar, sino integrante de su círculo más estrecho. Los juristas Iván Velásquez, Augusto Ibáñez (QEPD), Yesid Ramírez, María del Rosario González y otros más, fueron vilipendiados, humillados, perseguidos, calumniados por el uribismo con la mirada complaciente y casi cómplice de un buen sector de la prensa… tal cual ocurre en 2018. Esto es posible en la Colombia autoritaria que critica a Maduro, pero que usa idénticas armas de desprestigio contra quienes no se le plieguen. ¿Qué no se dijo de ellos, de periodistas y de opositores políticos?: borrachos, ladrones, lagartos, infieles, mamertos, narcos o relacionados con narcos, amargados y la máxima acusación: ¡enemigos de Uribe!
La Corte Suprema del presente o una parte de ella, puesto que fue infiltrada eficazmente, está siendo pulverizada en el mismo trapiche de sus colegas de hace una década. El grupo de magistrados que, este año, hizo la tarea que le corresponde al abrir una investigación —ante los indicios descubiertos en otro proceso— al ciudadano Álvaro Uribe sin tener en cuenta la importancia política del encartado, nunca se imaginó que se reviviría el método del desprestigio a sus vidas y a su ejercicio profesional. Pero con mayor triunfo: hoy, sin examinarse una sola prueba de las decenas que existen por cuanto no se ha iniciado el juicio, Álvaro Uribe es la víctima y, sus jueces, los victimarios.
Lo hizo, exitosamente, con abogados inescrupulosos conocidos por ser defensores de narcotraficantes; por ser millonarios de dudoso origen; por ser famosos publicistas más que doctos en derecho. Y lo hizo, también, con su jauría parlamentaria que ataca deshonrando a sus presas. Sí, qué tristeza, con buena parte de una prensa arrimada al árbol del poder. E, increíblemente, con la ayuda inconsciente del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, quien a las quejas, por supuesto sesgadas, de los defensores del investigado e idénticas a las que esgrimieron aquí para manipular el proceso ante la opinión pública, contestó con una comunicación al gobierno que el implicado domina (¡¡¡!!!). ¿Qué esperará el relator que le conteste el canciller Carlos Holmes Trujillo, exprecandidato presidencial de Álvaro Uribe?
Se comprende que el señor García Sayán, quien cumple una función específica de Naciones Unidas, tramite todos los reclamos que le lleguen. Pero hay formas de hacerlo: sus preguntas a Colombia sobre el affaire Uribe que surge por sospecha de ser manipulador de testigos y procesos, han debido tener una redacción tan diplomática que nadie las pudiera interpretar como una toma de posición en contra de la Corte Suprema, tal cual ocurrió. Aun cuando el relator solo formula preguntas, otra vez buena parte de la prensa interpretó que él ya juzgó a la Corte. Diego García Sayán es un jurista peruano de respetable carrera en derechos humanos. No obstante, fue atacado ferozmente por el uribismo cuando el gobierno Santos lo comisionó, junto con otros cuatro extranjeros, para que seleccionara a los magistrados de la JEP. De él, vea usted otra ironía en esta historia, se dijo en la página oficial del partido uribista que “había trabajado (como abogado) para favorecer la defensa de la guerrilla de Sendero Luminoso” y que “tuvo inclinaciones marxistas”. Ojalá que su poca afortunada intervención en el caso colombiano, en que termina, en lugar de defender, atacando la independencia de los magistrados, no haya sido un movimiento para hacerse perdonar del suprapresidente al que solo le gusta la justicia que lo favorece. Como a Maduro.