¿En qué se diferencian Alemania y Estados Unidos de Colombia? Los primeros son desarrollados, Colombia lucha por serlo. Hechos recientes lo muestran.
Hace poco, Volkswagen (VW), la automotriz más importante del mundo, reconoció que engañó a sus consumidores: un software instalado en 11 millones de sus carros tergiversa la medición de gases.
El engaño fue descubierto en Estados Unidos por investigadores universitarios a solicitud de una organización ecologista. Los resultados fueron trasladados a la Agencia de Protección Medioambiental que luego de comprobarlos los hizo públicos.
Las reacciones fueron inmediatas: VW reconoció el fraude, renunció su presidente, sus títulos cayeron 40 por ciento en la bolsa de Frankfurt (29 mil millones de dólares de pérdida) y el regulador alemán la obligó a revisar 8.5 millones de carros en todo Europa. Las autoridades judiciales han anunciado demandas por estafa, publicidad fraudulenta y delitos medioambientales. En Estados Unidos la multa sería de 18 mil millones de dólares. La pérdida mayor se daría en la credibilidad de la industria alemana preciada de su eficiencia y su respeto por normas y leyes.
Ningún político alemán o estadounidense ha cuestionado las acciones regulatorias ni defendido a VW pese a que sus dificultades podrían tener consecuencias graves sobre la economía alemana y mundial.
Paralelamente, en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó con 320 mil millones de pesos (110 millones de dólares) a las azucareras y a su gremio por acuerdos anticompetitivos para bloquear importaciones de azúcar. La investigación comenzó en 2010 tras la denuncia de varias empresas. El azúcar es altamente protegida en Colombia: tiene un arancel de 117 por ciento que sería rebajado a 70; su precio de referencia interno es 792 dólares por tonelada, según el FMI el precio internacional es 539.
Las reacciones fueron también inmediatas: en una carta al presidente los sancionados negaron las acusaciones, reclamaron violaciones al debido proceso y multas excesivas equivalentes a dos años y medio de utilidades. Sus abogados llevaron su defensa a los medios. Varios políticos de diversas tendencias la asumieron en aras de la importancia económica y laboral de las azucareras.
El Gobierno apoyó al superintendente afirmando que nadie está por encima de la ley, existen suficientes pruebas sobre los cargos, las multas son menores a lo permitido y los sancionados pueden controvertir judicialmente. En justicia las multas deberían tomar todas las utilidades indebidas.
Dos conclusiones emergen: Cuando los políticos defienden intereses particulares y no a las instituciones, Colombia se aleja del desarrollo. Pero cuando las autoridades honran su mandato, defienden intereses generales y sancionan prácticas anticompetitivas, Colombia construye una verdadera economía de mercado y se desarrolla; merece celebrarse!
* Profesor, Pontificia Universidad Javeriana, Departamento de Economía