Más allá de lo inconmensurablemente benéfico que resultará desterrar de Colombia los muertos, heridos, violencias, dolores, desplazamientos y miedos propios de la guerra, los beneficios económicos que se derivarán del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC son enormes.
Incluyen la posibilidad de aprovechar a plenitud las tierras agropecuarias y extender su frontera, reducir el narcotráfico, facilitar la construcción y el mantenimiento de la infraestructura pública que el país reclama, acercar productores y productos a los mercados y, así, reducir costos de transporte y comercialización, reducir costos de seguridad privada y gastos en seguridad pública, liberar de la guerra a una cantidad importante de jóvenes que podrían ser empleados productivamente.
Pero el posconflicto armado no será fácil, entre otras cosas, porque hay que garantizar un ingreso adecuado y sostenido a aquellas personas y a sus familias que se desmovilizarán, que les permita una reinserción social apropiada y una vida digna. Primero provendrán de la guerrilla; más adelante y progresivamente de las fuerzas militares y de policía.
Si a esos desmovilizados no se les garantiza ese ingreso adecuado y sostenido, la tentación de retomar las armas y volver al pasado será mayúscula. Entonces, volverá un conflicto armado más peligroso, con actores sin comando central y sin ningún tipo de regla, como las bacrim o las maras en Centroamérica.
Durante un tiempo esos ingresos podrían cubrirse mediante subsidios a los desmovilizados financiados con donaciones internacionales e impuestos. Pero no será posible mantenerlos por muchos años. La sociedad colombiana tiene muchas carencias que el Estado tiene que solucionar.
De tal forma, resulta fundamental generar un volumen de ocupación suficiente, que produzca ingresos dignos, no sólo para dichos desmovilizados sino también para la enorme cantidad de colombianos actualmente desempleados y subempleados, alrededor de 10 y 35 por ciento, respectivamente, de la población económicamente activa del país.
Resolver ese problema implica cambiar la actual estructura económica basada principalmente en la producción minera y de hidrocarburos, que no produce la ocupación abundante que el país requiere. Las manufacturas, las actividades agropecuarias y el turismo interno sí la producen pues son intensivos en mano de obra.
La emergencia de la nueva economía está siendo facilitada por el crecimiento actual de los precios pues está rentabilizando a dichos sectores. Consolidarla requiere estabilizar la nueva estructura de precios, es decir cambios monetarios, fiscales y regulatorios cuyos objetivos sean: 1) estabilizar la tasa de cambio a un nivel elevado, 2) reducir la tasa de interés crediticia a nivel internacional, 3) promover la competencia en los mercados financieros, de comunicaciones, de comercialización y de transporte, 4) imponer una tributación progresiva, sin excepciones, basada sobre los ingresos de capital de las personas naturales y no de sus empresas, para con ello 5) construir la infraestructura económica y financiar la educación y salud que el país requiere, y 6) garantizar el acceso a la tierra y al agua a los campesinos. Todos estos son los verdaderos desafíos colombianos.
Profesor, Universidad Javeriana, Departamento de Economía