Por Ana Margarita González *
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta?
Para Yolanda todo comenzó con una prometedora oferta de trabajo. Su vecina, una mujer a la que conocía bien, le ofreció vender tintos en una ciudad fronteriza de Colombia. Si aceptaba, ella pagaría el traslado desde Venezuela para ella, su esposo y sus dos hijas pequeñas. Ante la perspectiva de un futuro mejor, Yolanda aceptó. Cuando llegó a Colombia, se encontró con que la oportunidad laboral no era tal, sino que había sido engañada por una red de trata y tanto ella como sus hijas serían explotadas sexualmente. Yolanda consiguió escapar y denunció su situación, pero no fue identificada correctamente por las autoridades colombianas. La Fiscalía la registró como víctima de inducción a la prostitución, no de trata de personas, lo que en un primer momento la dejó en una situación muy vulnerable: sin un lugar donde vivir, en situación migratoria irregular, sin opción de trabajar, sin acceso a servicios de salud integrales y fuera de cualquier mecanismo de protección estatal para víctimas de trata.
Me gustaría poder decir que el caso de Yolanda es excepcional, pero no es así. Las redes de trata han aprovechado la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela para captar a mujeres y niñas venezolanas y explotarlas sexualmente en Colombia. Para ello, se están apoyando en la acción de los grupos armados ilegales que operan en la frontera y promueven la actividad del narcotráfico, la trata de personas, explotación laboral, la mendicidad y el comercio sexual con mujeres, niñas y adolescentes migrantes venezolanas.
Tampoco es rara la desprotección por parte del Estado colombiano que vivió Yolanda. Desafortunadamente, la falta de información oficial sobre el impacto de la trata, las falencias en la identificación de las víctimas, la descoordinación entre los diferentes comités de lucha contra la trata, la falta de recursos y la carencia de formación de los funcionarios que realizan las identificaciones están a la orden del día. Esta situación no es nueva, ya que la respuesta del Estado para proteger a las víctimas de trata siempre ha sido deficiente, mucho antes de que se iniciara la emergencia humanitaria en Venezuela.
Este contexto parecía que no podía ser peor para la víctimas de trata, pero a los problemas tradicionales se ha sumado un nuevo escenario: el surgimiento de la epidemia de COVID-19. ¿De qué manera esta nueva situación puede aumentar las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres y niñas víctimas de trata venezolanas?
Para empezar, el cierre de fronteras favorece el uso de pasos ilegales y, con ello, se incrementa aún más el riesgo de trata y violencia sexual contra las mujeres. La llegada de personas migrantes y, en concreto, víctimas de trata no va a detenerse durante la pandemia. De hecho, como han advertido organismos internacionales, las personas víctimas de trata se encuentran en mayor riesgo de contraer el virus por la naturaleza de las actividades que realizan y se exponen a mayores formas de violencia y explotación por parte de sus tratantes. Asimismo, el ya precario sistema de atención a víctimas de trata se ve menguado pues los esfuerzos de autoridades públicas tienden a concentrarse en contener la pandemia. Por ello, es necesario que se diseñen medidas específicas para atender las necesidades de personas víctimas de trata.
Por otro lado, las personas migrantes en situación irregular, entre las que se encuentran mujeres venezolanas víctimas de trata, se enfrentan a numerosos obstáculos para acceder a los servicios públicos de salud, incluso en los casos de urgencia reconocidos por el Ministerio de Salud. Esto hace que sean especialmente vulnerables frente a la epidemia. Por otro lado, las personas migrantes en situación regular que, por ejemplo, cuentan con un Permiso Especial de Permanencia (PEP) o cuentan con salvoconducto de permanencia, pueden afiliarse al sistema de salud. Sin embargo, persisten numerosas barreras administrativas para realizar la afiliación. Para complejizar la situación, en medio de la expansión de la COVID19, Migración Colombia decidió suspender los términos en los que se vencen varios documentos migratorios, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP), pero excluyó de esa medida a las personas solicitantes de refugio. De esta manera, si el salvoconducto de una persona solicitante de refugio expira durante este tiempo y no tiene posibilidades de renovarlo, se encontrará expuesta a sanciones.
Este es uno de los problemas a los que se enfrenta actualmente Yolanda. Al no haber sido reconocida como víctima de trata, decidió solicitar refugio y cuenta en la actualidad con un salvoconducto que está a punto de vencerse. Si en los próximos días no se resuelve su solicitud de asilo, tendrá que hacer los trámites para extenderlo. ¿Qué garantías tiene para hacer el trámite con seguridad? Si sale a la calle tendrá que enfrentarse con los controles policiales y es probable que las autoridades solo vean a una persona migrante que está incumpliendo la orden de cuarentena y no a una solicitante de refugio o a una víctima de trata. Posiblemente, en lugar de protegerla, decidan multarla o, peor aún, expulsarla del país. Todo por no haber sido correctamente identificada como víctima de trata en un primer momento.
La petición de quedarse en casa para evitar los contagios no es una medida que tenga sentido para personas que dependen de un trabajo informal y diario. Además, las víctimas de trata no tienen libertad de movimientos, ya que son las redes de trata quienes deciden sobre su vivienda y su movilidad. Las redes no dudarán en seguir exponiéndolas al contagio y, si enferman por el virus, las expulsarán de las viviendas. Esta situación puede llevarlas a estar a la deriva en las calles, sin que nadie las identifique y sin redes de apoyo. En especial, esta situación es un riesgo para las mujeres que se encuentren en situación irregular, ya que el aumento de los controles policiales durante las cuarentenas las ponen en riesgo. La experiencia nos demuestra que la policía verá a una persona a la que multar o expulsar y no a una víctima de trata a la que proteger.
La emergencia sanitaria que estamos viviendo pone de relevancia los problemas de protección de víctimas de trata que arrastra Colombia desde hace muchos años. Estas deficiencias del sistema de protección las convierte en uno de los grupos más vulnerables frente al contagio del coronavirus. Es el momento de que el Estado colombiano tome medidas específicas para proteger a las mujeres venezolanas víctimas de trata y es necesario que estas sean sostenibles en el tiempo, para que la situación mejore más allá de la epidemia.
* Abogada de Women’s Link Worldwide