Quien crea que la Junta Directiva del Banco de la República, a lo largo de sus 35 años de existencia, ha sido una cofradía de practicantes de un único crédito dogmático no conoce de la misa la media. Ello porque ese pensar hace caso omiso del sinnúmero de controversias que a su interior han tenido lugar sobre los más diversos temas y lo difícil que han sido algunas de ellas.
Discrepancias han existido entre sus miembros sobre cómo medir la inflación, cómo llevar a cabo la política monetaria, cómo responder a las críticas de otros poderes públicos, sobre aspectos específicos de la toma de decisiones y múltiples etcéteras… Siendo quizás las más frecuentes de ellas las relativas, en circunstancias específicas, a la prioridad que debería darse al crecimiento económico vis a vis el control de la inflación.
A título de ejemplo de la variedad de esas controversias, rememoraré, aquí en orden cronológico, algunas de las más notables:
- Grande fue el desencanto del ministro Rudolf Hommes (administración Gaviria) cuando su candidato para suceder a Francisco Ortega en la gerencia del Banco salió derrotado.
- Aguda fue la discrepancia de la Junta con el ministro Guillermo Perry (administración Samper) sobre su propuesta de darle prelación al gobierno en el manejo de la política cambiaria.
- Nada bien cayó en la Junta el hecho de que el ministro Juan Camilo Restrepo (administración Pastrana), durante una intervención en Congreso de la República, hubiese señalado que no se había podido bajar la tasa de interés porque los miembros de la corporación vivían en una torre de marfil.
- Tampoco fueron del agrado de la Junta los términos de un discurso del presidente Uribe Vélez para “cambiar la cartilla del Banco de la República”, ni la propuesta para que el Emisor contratara un crédito externo y con su producto se otorgaran recursos al IFI.
Todos esos acontecimientos están narrados, anotando el día en que ocurrieron según consta en las respectivas actas, en el libro: Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia, de la autoría de Gloria E. Valencia, publicado en agosto de 2021.
Ese mismo texto da cuenta de las múltiples veces en que individualmente los codirectores confrontaron sus tesis sobre aspectos puntuales en el proceso de toma de decisiones. Por lo tanto, a nadie debe extrañar que el ministro Ávila se haya apartado del criterio mayoritario que primó en la Junta en su última sesión. Eso, como aquí se documenta, ha sido usual.
No obstante, lo que es absolutamente anómalo en la actitud del ministro es su anuncio de que no volverá a la Junta porque lo derrotó la mayoría. Postura ante la cual la más elemental de las lógicas lleva a preguntar si el gobierno en general, y el ministro en particular, puede negarse a sancionar la ley de presupuesto porque el Congreso de la República modificó el proyecto originalmente presentado.
El anuncio de la no asistencia a las próximas sesiones de la Junta por parte del ministro constituye un aviso de que se propone violar la Constitución y también la ley, ya que está establecido en la norma que su presencia es indispensable para que la corporación pueda sesionar.
Esto último es lo que es distinto y censurable en la controversia actual, porque antes ninguno de los ministros de Hacienda, que manifestaron insatisfacción con las decisiones de la Junta, amenazaron con violar la Constitución y la ley para imponer sus voluntades.
Ojalá la cordura acompañe al ministro Ávila cuando se anuncie la fecha de la Junta programada de tiempo atrás y desista de su no asistencia a ella, pues solo en ese momento se podrían presentar reacciones en los mercados y se concretaría la violación de la ley, y las consecuencias que de ello se deriven.