Uno de los especialistas en multiculturalidad y desarrollo analiza el panorama legislativo y político que enfrentan las comunidades negras, raizales y palenqueras, 20 años después de sancionada la ley 70 de 1993.
Aunque existe un compendio de normas que protegen los derechos y promueven la inclusión de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales; estas no se cumplen a cabalidad. La razón por la que esto es así es simple: Colombia sigue siendo un país excluyente y dentro de sus prácticas más cotidianas se encuentra el racismo.
Desde la Constitución de 1991, su artículo 55 y la ley 70 de 1993 ya han pasado 22 y 20 años respectivamente y aunque se han hecho avances significativos en términos normativos, la sociedad colombiana sigue teniendo brechas amplias y profundas entre sus ciudadanos; porque una cosa es la norma escrita y otra cosa es la norma practicada en la vida cotidiana. En otras palabras, todavía hay que trabajar en el aspecto humano de ser efectivamente más incluyentes, abrazar la diversidad étnica y cultural como una riqueza en todos los espacios.
Es así como se hacen necesarias medidas de Estado que a través de los gobiernos, promuevan la igualdad de oportunidades e incentiven la inclusión de grupos sociales que por razones históricas, sociales, políticas, culturales y económicas, han estado fuera de las instancias de poder, toma de decisiones y representatividad.
Más allá de un discurso étnico-racial, de superioridades e inferioridades o de daños y reparaciones; es necesario que el Estado provea igualdad de oportunidades para que todos sus constituyentes se desarrollen en la justa magnitud de sus aspiraciones y capacidades; es decir, el Estado les debe proveer a todos y todas las mismas herramientas, pero es el ciudadano quien debe construir y hacer su obra se acuerdo a sus deseos y capacidades.
Decir todo lo anterior es muy fácil y de hecho suena idealista, la puesta en práctica de ideas como estas puede tener un nivel alto de dificultad y la mayor de ellas es sobreponerse a los intereses de quienes consideran que perderán poder, dinero y representatividad; no sabiendo que la mayor de las riquezas está en ampliar los espacios de inclusión, pues desde ahí se consolidan nuevos mercados, nuevos liderazgos, riquezas y un universo de oportunidades. Pero es un asunto de control.
Definitivamente no se puede controlar dichas fuerzas y esto es lo que teme el status-quo: perder el control. Pero este es el precio que hay que estar dispuestos a pagar por el desarrollo. Colombia y los colombianos tienen todas las condiciones para ser y estar entre los grandes, ahora hay que atreverse a dar el salto.
En términos prácticos, la igualdad de oportunidades se promueve y logra a través de normas e iniciativas que aumenten la representación proporcional e idónea de estos grupos sociales dentro de las instancias del Estado a todo nivel, y además, que incentive estas mismas medidas en el sector privado. Es a través del diseño e implementación de leyes, decretos, ordenanzas, acuerdos y actos administrativos que se cumplan de manera efectiva y eficiente. Que tengan las asignaciones presupuestales necesarias, con indicadores claros y medibles para poderlas evaluar de manera objetiva; pero sobre todas las cosas, que tengan personas dolientes y conscientes de la importancia de estas acciones, porque el factor del compromiso humano es el que hace la gran diferencia en estos casos. En ese orden de ideas, cabe mencionar la importancia del Primer Congreso Nacional Autónomo del Pueblo Negro, Afrocolombiano, Palenquero y Raizal que se realizó en Quibdó del 23 al 27 de agosto; este evento hará una reflexión acuciosa del impacto de la ley 70 en sus 20 años de existencia, pero sobre todo, de cómo las organizaciones de base pueden plantear una interlocución equilibrada con las diferentes instancias del gobierno para conseguir mayores beneficios para su desarrollo integral.
Para concluir, se podría decir que no es necesario crear nuevas normas por el momento en Colombia. Lo que se necesita es implementar efectivamente las que ya existen, tales como: reglamentar los capítulos cuarto, quinto, sexto y séptimo de la ley 70 de 1993, poner en marcha y reglamentar el documento CONPES 3660 de 2010, reglamentar la consulta previa, ponerle presupuesto a las distintas iniciativas de educación enfocadas en estos grupos, entre otras que están ahí.
Edwin Salcedo Vásquez*
Especialista para el Desarrollo
Master en Democracias, Federalismo y Multiculturalidad