Unos 2.219 kilómetros de frontera porosa e indómita separan a nuestro país de la República Bolivariana de Venezuela.
Factores como el contrabando, el tráfico de armas y la presencia de grupos al margen de la ley convierten a la frontera en una fuente inagotable de retos en materia de seguridad para ambos países.
Hacia los años ochenta y noventa se establecieron diversos canales institucionales de coordinación para hacerles frente a las preocupaciones comunes. Sin embargo, el accionar de grupos guerrilleros y la activación de estructuras armadas dedicadas al narcotráfico situaron los elementos de seguridad en plena cúspide de la agenda.
El diálogo entre las respectivas carteras de seguridad y defensa creó la posibilidad de suscribir protocolos y estrategias conjuntas de acción en frontera. Tal vez el culmen en materia de coordinación sobre temas de seguridad es la Comisión Binacional de Fronteras (Combifron). Por medio de este mecanismo se amplió el abanico de flagelos a atacar conjuntamente.
Lo preocupante es que el funcionamiento de estos dispositivos no ha sido constante. En medio del ascenso del proyecto bolivariano en Venezuela, y de la marcha de la seguridad democrática en nuestro país, los puntos en común en materia estratégica y operativa fueron escaseando. Instancias como la Combifron o las comisiones de vecindad están hoy en día congeladas. Las esporádicas reuniones de alto nivel no han logrado sentar una agenda coordinada y sólida. A pesar de la realización de este tipo de encuentros, las medidas siguen siendo eminentemente unilaterales. Bajo estos mismos parámetros se está llevando a cabo la denominada Operación de Liberación del Pueblo promovida por el gobierno bolivariano, a pesar de la existencia de mecanismos recientemente instituidos –como el Centro Binacional de Comando y Control de Lucha contra el Contrabando–. La situación actual cuenta con el agravante de que no se está discerniendo debidamente entre el combate a grupos y prácticas irregulares, y las operaciones de control migratorio, lo que genera una espiral de acciones altamente indiscriminadas, que se basan en un discurso que confunde fácilmente población civil colombiana y miembros de grupos al margen de la ley que actúan en zona fronteriza.
* Investigador del Observatorio de Venezuela, adscrito a la Universidad del Rosario.