Es una de las mayores polémicas de la justicia norteamericana desde los años 90, cuando el taxista afrodescendiente Rodney King fue brutalmente golpeado por policías, lo que despertó manifestaciones similares a las actuales.
La exoneración de George Zimmerman evoca los momentos más traumáticos de la segregación en EE. UU. y pone de relieve la dificultad para mantener la independencia de la justicia, cuando está en entredicho la igualdad. Aunque se ha hablado intensamente sobre el porte de armas en este país, pocos advierten la gravedad del tema en estados como Florida.
Lo que era hace un tiempo el Sunshine State, hoy es visto como el “Gunshine State”, a propósito de la facilidad para la adquisición de armas, que subyace en el fondo de esta tragedia. De los 19 millones de habitantes de Florida, 6 millones poseen armas y, por medio de una ley de 2010, se prohíbe que organismos que ayudan a la adopción de niños tomen en cuenta la tenencia de armas como impedimento para los padres aspirantes.
Como lo recuerda Philippe Bernard, de Le Monde, en 2005 el Parlamento de Tallahassee adoptó la ley de protección civil, que autoriza a cualquier persona a usar la fuerza incluyendo la posibilidad de matar, para defender el territorio donde se encuentre (stand your ground law). Jeb Bush (hermano de George W. Bush), quien ejercía como gobernador de Florida en ese entonces, la consideró “positiva y antidelincuencia”. Ley absurda que cobró la vida de Trayvon Martin, porque en nombre del razonamiento que dicha norma supone, la defensa de Zimmerman arguyó la devaluada e instrumentalizada “legítima defensa”.
Es evidente que, además, la justicia es un instrumento de segregación por su aplicación selectiva. El caso Zimmerman es uno de decenas que lo demuestran, especialmente cuando se habla de pena capital para que ésta se aplique o no. Hay estadísticas que desnudan la desproporción y sugieren una reflexión profunda sobre la administración de justicia en EE.UU. Se entiende que la independencia de la función judicial es un elemento constitutivo del Estado de derecho. No obstante, cuando ésta se manipula en función de objetivos que riñen con la igualdad, queda en evidencia que la ley no siempre traduce una voluntad democrática.
* Mauricio Jaramillo