Como excombatiente del M-19 he defendido la necesidad de que lo que queda de nuestra antigua guerrilla tome una iniciativa audaz y valiente que aporte al cierre del trágico episodio que pasó a la historia como el “holocausto del Palacio de Justicia”.
Ser capaces de asumir políticamente las responsabilidades que quepan sobre ese hecho y, en un plano profundamente humano, ser capaces también de pedir perdón a las víctimas y al país. Se trata de una decisión unilateral y difícil de asumir colectivamente cuando ya no hay liderazgos u organización política.
Recuerdo lo difícil que fue en el interior de nuestra guerrilla asumir la crítica por los acontecimientos. Como responsable de la seguridad de Álvaro Fayad (entonces comandante del M-19), pude constatar la desolación y el abatimiento profundo luego de consumado el holocausto. Fui también testigo del momento en el que se inició la reflexión sobre si tenía sentido o no seguir en armas, lo que llevaría después al punto de inflexión en el que el M-19 tomó la decisión de pactar la paz.
La magnitud de las heridas que han quedado abiertas es enorme y trágica. Tantos años después, y pese a informes, comisiones de la verdad y sentencias judiciales nacionales e internacionales, navegamos todavía entre sombras, dolor e incertidumbres. El M-19 ha honrado con creces el pacto de paz firmado en marzo de 1990. Sus aportes, desde distintos lugares del ejercicio democrático, han sido notables, desde pequeños logros locales hasta haber hecho parte de una gesta tan histórica como significativa: la Constitución de 1991. Pero pese a todo, cada año, por estos días o a propósito de un hallazgo de restos humanos o una nueva sentencia contra un alto oficial del Ejército, se nos recuerda que todavía hay una especie de “pendiente” por ser resuelto.
Algunos quisieran que, contrariando el espíritu de la paz pactada, al M-19 se le requiriera judicialmente para responder por sus responsabilidades. Abrir esta puerta, por supuesto, sería dinamitar un acuerdo ya firmado, y mandaría también un mensaje funesto frente a la posibilidad actual de paz con las Farc y el Eln.
Comparto la inconformidad que asiste a militares hoy procesados y condenados, como los coroneles Plazas Vega y Sánchez Rubiano y el general Arias Cabrales, a quien un tribunal acaba de ratificar su condena. La asimetría entre la exclusión de la responsabilidad penal del M-19 frente a la que sí deben asumir miembros de las FF.AA. debe ser resuelta de manera justa y pronta, por el bien de esa paz ya pactada y la del porvenir. Pero esta no es una página que puede ser cerrada de cualquier manera. Se requiere una rectificación colectiva (no sólo del M-19), que desestime los argumentos con los que se pretendió justificar la toma, pero también los de la retoma por parte de las FF.AA. en medio del silencio que envuelve las actuaciones del expresidente Belisario Betancur. Para esclarecer los hechos se debe dar cuenta de las personas aún desaparecidas y aclarar con detalle los motivos y actuaciones del M-19, así como las del Gobierno y las FF.AA., desvirtuando la idea de que con la retoma del Palacio se estaba defendiendo la democracia.
¿Por qué no jugársela por un “tribunal de honor”?