¿Podrermos ser sostenibles, parar y revertir la urbanización ilegal de la Ciénaga de la Virgen, el desacato y “las volquetas invisibles” que rellenan aguas y manglares en Cartagena?
¡Sí, es posible! Lo buscamos con una acción popular para que por orden judicial las autoridades sean obligadas a derrotar la impunidad que nutren, se comprometan y actúen en defensa del patrimonio ecológico. Presidente, fiscal, Fuerzas Armadas, Policía, Cardique, alcalde, tienen que frenar sin mas dilación el desastre ecológico e institucional, desactivar el riesgo causado a la Ciénaga y a sí mismos por las gentes que invaden Marlinda y Villagloria en La Boquilla.
Si caos y delito andan sueltos de madrina, el interés colectivo obliga a vencerlos. Hay pruebas sobre la evidencia del daño y su causa: la invasión y la desprotección.
La integridad territorial exige al presidente y a las Fuerzas Armadas proteger la soberanía: zonas de baja mar, playas, manglares y aguas que aportan seguridad alimentaria y climática.
Pisoteado el orden público, ellos incumplen la Constitución y la Ley 99 de 1993 (art. 103). Con una acción popular que va para dos años de trámite, la justicia tendrá que ordenarle al presidente crear una unidad militar y estrategias integradoras que aseguren el imperio de la ley y la sensatez ecológica.
Decretar una medida de choque y, con el fondo de adaptación, reubicar a la población antes de que la lluvia o el mar desaten la tragedia.
El censo de la Secretaría de Participación y el informe de Prevención de Desastres son claros: están en peligro “404 viviendas, 590 familias, que equivalen a 1.786 personas en Marlinda. Y en Villagloria, 147 viviendas, 151 familias y 517 personas”. Es un escenario de 551 viviendas, 741 familias y 2.303 habitantes, 803 más de los censados por Planeación al expedir el POT. El Distrito afirma que “planea la reubicación”.
La invasión no es presunta y solución no existe; el relleno hizo metástasis. Reubicados los ocupantes, el Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía tendrán que reconstruir el ecosistema, lograr que la ley gobierne y que fluyan las aguas mar-ciénaga-mar.
Hay defensa de la soberanía si presidente y fiscal ordenan identificar y detener el “cartel del relleno”. Tolerar es complicidad.
Se requiere que el presidente Santos convoque una cumbre de poderes y haya unidad conceptual en parar el delito. El fiscal tiene que desarticular el concierto delictivo y valorar la flagrancia con la presencia en la zona imprescriptible.
El alcalde debe configurar un Ecobloque con los entes competentes y liderar el control y prevención con su policía ambiental. Urge hacer realidad la defensa de la integridad territorial.
* Rafael Vergara, abogado, exdirector de Medio Ambiente de Cartagena