EL 4 DE JUNIO EL GOBIERNO Y LAS Farc presentaron un acuerdo para crear la comisión de la verdad.
El presidente afirmó que dicho acuerdo marca un punto de inflexión del proceso de paz, y muchos concuerdan que es casi imposible que un incidente futuro eche para atrás lo avanzado en La Habana. Las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, el procurador Ordoñez afirma que en dicha comisión es necesario que participen miembros de la fuerza pública. En este contexto, Rodeemos el Diálogo organizó un desayuno para conversar sobre el acuerdo. Entre los participantes, surgieron dos preocupaciones. Por un lado, se preguntan si el acuerdo fue producto de una estrategia de las partes para superar la actual crisis del proceso. Por otro lado, les genera incertidumbre el tipo de verdad que producirá. Estas preocupaciones son válidas y es alrededor de ellas que se podría empezar una pedagogía que permita ponderar las expectativas de los colombianos frente a lo realizable por parte de esta comisión. La afirmación del procurador es un campanazo para empezar desde ya a desmontar mitos sobre la comisión. Su declaración es valiosa porque permite resaltar la seriedad de los equipos negociadores, ya que ambas partes han dejado claro que esta comisión no es para que los guerreros legitimen lo que hicieron sino para que las víctimas cuenten lo que pasó y el gobierno, las Farc y otros sectores responsables reconozcan su responsabilidad. Por tanto, los 11 comisionados, según el acuerdo, serán elegidos por su “idoneidad ética, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés, y el conocimiento del conflicto armado”. Este acuerdo no fue el resultado de unas cuantas noches de desvelo para responder a la presión de la opinión resultante de la intensificación de la guerra. Por el contrario, es un acuerdo serio, construido con paciencia y con base en consultas amplias; en la Habana estuvieron no sólo los expertos más importantes del mundo (entre ellos Kofi Annan) discutiendo el tema, sino que también tuvieron espacio 60 víctimas directas del conflicto armado para presentar sus demandas. En relación con el tipo de verdad que saldrá de la comisión, es pertinente señalar que el acuerdo busca responder al sentir de las víctimas, lo cual queda establecido en tres pilares: (1) el esclarecimiento de las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH, (2) el reconocimiento de las víctimas y de responsabilidades por parte de los responsables, y (3) la no repetición de los hechos. Estas fueron las demandas más sentidas en los foros de víctimas. Sin embargo, la comisión es parte de un mecanismo más complejo de justicia transicional. Por tanto, los que permitieron, fomentaron o participaron en violaciones que declaren ante la comisión recibirán beneficios judiciales. Este es el gran reto que tienen por delante los equipos negociadores: definir el mecanismo para ofrecer seguridad jurídica sin sacrificar sanciones ejemplarizantes. No es este el espacio para discutir si dichas sanciones deben estar relacionadas con la cárcel. Lo que es preciso decir es que esta comisión extrajudicial que busca construir un narrativa nacional que reconozca los excesos de todas las partes en el conflicto armado es un paso necesario para la reparación de las víctimas y de la salud mental de todos los colombianos que hemos crecido escuchando a través de los medios de comunicación la barbarie de los paramilitares, las guerrillas y la fuerza pública, auspiciada por redes políticas, económicas, sociales y criminales. Si en el futuro todos reconocemos esa barbarie y asumimos un papel proactivo para que nunca vuelva a ocurrir la comisión habrá superado con creces su cometido. *Andrei Gomez-Suarez