En los últimos días pasamos de la frustración de la situación en Casanare a la esperanza de la recuperación del río Bogotá.
En el primer caso se repite la película que vemos cada vez que hay crisis (la última fue la ola invernal), en la que se plantean quejas por la ineficiencia de las instituciones involucradas en el manejo de los recursos y la búsqueda de culpables para limpiar la conciencia de los entes de control. En el segundo, celebramos fallos judiciales con la esperanza de que por fin se logren resultados.
Permítanme decir que ambas situaciones hacen parte del mismo círculo vicioso que ha llevado a nuestro país a tener tan altos niveles de degradación ambiental. Si bien el fallo del río constituye un hito en la historia colombiana, al ser un esfuerzo de las cortes por entender la complejidad de los temas ambientales, donde se entrelazan asuntos técnicos, sociales y económicos, éste puede terminar cayendo en el pecado de la simplificación de las leyes y convertirse en una camisa de fuerza, si no se aprovecha para corregir problemas de fondo.
En los últimos diez años, como veedora de la sentencia del río del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y como investigadora de doctorado con un grupo importante de curtidores de Villapinzón, he podido vivenciar a un ministerio que este gobierno redireccionó, pero sin posibilidades de acción sobre los otros actores del SINA; a unas CAR politizadas, donde la priorización del gasto no responde a las necesidades de las regiones; donde no se construye sobre lecciones aprendidas; donde la volatilidad laboral hace que se pierda la memoria institucional y donde las políticas integrales dirigidas a la gran mayoría de nuestra población que está en la informalidad son claramente inexistentes.
Con el ánimo de ser propositivo en el caso específico del río, como lo sugiere el editorial de El Espectador de la semana pasada, planteo que, puesto en la práctica el esquema de consejos de cuenca que reportan al Consejo Estratégico de Cuenca, se asegure en primer lugar, que la escogencia de sus integrantes en las localidades no dependa de los alcaldes y de las mismas corporaciones, sino de un proceso pluralista y democrático, donde la representatividad de todos los actores (así no estén organizados) y por ende de todos los intereses, esté asegurada y se logre con esto el apoyo necesario y la participación real de las comunidades en la implementación de las soluciones. De otra forma el proceso nace viciado y la participación de la sociedad civil no tiene otro camino que seguir expresándose a través de marchas y paros.
En segundo lugar, este proceso debe estar regido por el otro principio fundamental del manejo integral del agua, que es la prevención. Esto significa dar prioridad a políticas y tecnologías encaminadas a la prevención y manejo sostenible e integral de los recursos hídricos, que son menos costosas y por lo tanto tienen la facultad de responder a las necesidades de la población colombiana (ser incluyentes), considerar el uso, reuso y recirculación de aguas según las necesidades y eliminar su inmenso desperdicio, especialmente en sectores como la agricultura y las áreas urbanas. Apoyo irrestricto a los principios de participación y de prevención: con esto hasta lograríamos grandes ahorros en esos 6 billones de pesos de presupuesto. Amanecerá y veremos…