Las demandas públicas de castiIgo para los miembros de las Farc provienen de dos campos muy distintos.
Por una parte están los juristas y organizaciones de víctimas que han venido promoviendo la agenda humanitaria globalizada desde hace más de una década. Entre sus principios están investigar y castigar a los más responsables por serias violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Por otro lado está el uribismo. Sus demandas son más recientes y de hecho inconsistentes con su postura anterior durante las negociaciones con los paramilitares. En ese entonces trató de legislar la impunidad de los líderes paramilitares, y sólo gracias a la intervención de la Corte Constitucional se llegó al marco moderadamente punitivo de la Ley de Justicia y Paz.
Los dos campos tienen motivaciones muy distintas. Si bien las víctimas tienen un interés personal en que se les haga justicia y los juristas uno profesional en que su agenda globalizada prospere, ambos están guiados por normas y principios generales y con pretensiones universales. Los uribistas, en cambio, se orientan por la política nacional, ante todo por su enemistad histórica con las Farc y todo lo que éstas podrían llegar a representar. Su inconsistencia en la materia no deja duda de que los ideales de justicia no son realmente su bandera sino más bien una herramienta en su arsenal político. El uribismo sabe muy bien —en carne propia— que la descalificación penal es también una descalificación política.
Lo complicado del asunto es que la apropiación politizada del discurso de justicia pone en aprietos a los humanitaristas. Al impulsar las demandas de justicia pueden terminar contribuyendo a la agenda uribista de neutralizar políticamente al enemigo histórico. No sólo está el dilema de fondo entre paz y justicia, y el interés de la derecha extrema en que las negociaciones no vean la luz, sino también los eventuales efectos políticos de un arreglo transicional punitivo. Tal vez la dimensión política más importante del proceso es que los líderes de las Farc eventualmente se integren al proceso democrático. Cualquier eventual castigo debería ajustarse a este imperativo esencial, y la punición que quiere Uribe va deliberadamente en su contra.
Hace pocos días Jesús Santrich protestó airadamente porque Kofi Annan habría dicho que los comandantes guerrilleros deberán pagar alguna condena. Según Santrich, “el derecho a la rebelión contra un régimen de terror” los exime de toda culpa. Esto es claramente falso. La justicia de la lucha armada es algo sobre lo cual los colombianos probablemente nunca nos pondremos de acuerdo, y sería absurdo pretender que un juez dirimiera el asunto. Lo que sí está claro es que ciertos métodos de guerra —el reclutamiento de menores, el secuestro deliberado y sistemático de la población civil— son inadmisibles. Sin embargo, el valor social de condenar estas acciones deberá ser balanceado con los imperativos de llegar a un acuerdo y propiciar la vinculación exitosa de las Farc al proceso democrático.
Pablo Kalmanovitz *