Por: Natalia Zúñiga*
A pesar de su relevancia en el posconflicto y su aporte a la garantía de una paz estable y duradera, brillan por su ausencia las iniciativas de empleo para las víctimas del conflicto armado en las propuestas de los candidatos presidenciales.
En Cuso International realizamos un análisis de las propuestas presidenciales de empleo, con el apoyo del Gobierno de Canadá, y encontramos que algunos aspirantes hacen referencia a las víctimas en cuanto a la formación que requieren para trabajar en las ciudades, el fomento de proyectos productivos y el acceso a la propiedad rural o el desarrollo del campo, entre otros. Pero ninguno especifica programas puntuales para que esta población tenga mejores y mayores oportunidades laborales en el país.
Para lograr propuestas robustas de empleo para las víctimas, la primera tarea pendiente de los candidatos es considerar una caracterización o una foto actual de la condición laboral y productiva de esta población en las distintas regiones. Dada la carencia de datos e información relevante, no se han creado lineamientos específicos de empleo y generación de ingresos, en el marco de la estrategia de atención y reparación integral para esta población.
Una segunda tarea es plantear un mecanismo que permita hacer realidad el espíritu del componente de generación de ingresos de la Ley de Reparación Integral a las Víctimas (Ley 1448 de 2011), de modo que se responda a los intereses y perfiles ocupacionales de esta población así como a las necesidades del mercado. Por ejemplo, si ellas quieren un mayor apoyo a emprendimientos o buscan más empleos formales, entre otras cuestiones.
Con relación al ingreso de las víctimas al mercado laboral, no basta simplemente con crear oportunidades de empleo que, en ocasiones, pueden conducir a condiciones laborales precarias, dada la flexibilización del mercado de trabajo. Por ende, es pertinente que los candidatos propongan iniciativas que permitan la recuperación del proyecto de vida de esta población, en la medida en que puedan obtener los ingresos necesarios para tener una vida decente y digna.
También es necesario tener en cuenta a la oferta de servicios sociales y la atención humanitaria dispuesta para la población vulnerable del país. De acuerdo con nuestra experiencia con el proyecto “Empleos para construir futuro” en ocho ciudades del país, algunas víctimas del conflicto, así como otras poblaciones excluidas del mercado laboral, tienen el temor de que al acceder a un empleo puedan afrontar muchas dificultades para recibir subsidios como el Sisbén y la ayuda humanitaria de emergencia, tras la finalización del contrato laboral. Entonces hace falta establecer un mecanismo de transición del sistema subsidiado al contributivo, sin perder la garantía de protección social cuando ellas no cuenten con una fuente de generación de ingresos.
Por todas estas razones, no se trata de una cuestión de voluntad de las víctimas para conseguir un empleo, sino un reto que involucra tanto al sector público, el aparato productivo del país y la sociedad civil, en este período de construcción de paz.
En este sentido es urgente que la ciudadanía le exija a sus candidatos presidenciales que incluyan a las víctimas en propuestas de empleo, que no dejen de lado la atención psicosocial requerida para su proceso de adaptación en los nuevos entornos de trabajo y su crecimiento laboral en el futuro.
* Gerente de Género e Inclusión Social en Cuso International