Por. Henry Garay Sarasti
Esta crisis tan excepcional, no solo para el país sino para el mundo en general, permite identificar algunos vacíos de instrumentos de política pública que dificultan su manejo en comparación con países de la OECD. Así mismo, esta ausencia de instrumentos impide un mejor desempeño en la gestión de problemas, ya considerados estructurales, como la deforestación, el desarrollo equilibrado de las regiones y la distribución de la población y sus actividades productivas en el territorio.
La iniciativa de las banderas o trapos rojos, en las ventanas de las casas del municipio de Soacha, surgen como una alternativa desesperada para indicar a la sociedad en general, que allí están viviendo personas en condiciones de vulnerabilidad, ante la imposibilidad de salir a las calles, por la cuarentena, a demandar esta ayuda.
Las ayudas humanitarias, que sin duda en un país que ha demostrado ser solidario en varias oportunidades, tiene su principal cuello de botella en la focalización de la población en situación actual de vulnerabilidad, que no necesariamente son aquellos ya inscritos en los programas del gobierno, como familias en acción o jóvenes en acción, sino aquella población que sobrevive en medio de la informalidad desde hace varias generaciones, pero que el confinamiento obligatorio las coloca en situación de vulnerabilidad.
Otra dificultad que se ha puesto de manifiesto en esta crisis sanitaria es la de hacer cumplir la cuarentena. La ausencia de información oficial actualizada sobre el domicilio permanente de los ciudadanos obstaculiza la labor de las autoridades para restringir la movilidad entre regiones. Un desempeño insuficiente de este control contribuye a la expansión del contagio a lugares con menor capacidad de respuesta.
En este sentido, la estrategia para enfrentar la crisis hospitalaria generada por la pandemia, requiere dar respuestas lo más precisas posibles, dadas las limitaciones presupuestales, a preguntas como cuántas UCI adicionales se requieren, de qué tipo (pediátricas o para adultos) y en qué lugares.
Ahora bien, no solo estos problemas asociados al manejo de la pandemia son los que se dificultan por la ausencia de instrumentos de política pública adecuados. Tanto en la política ambiental como social es quizás donde más se evidencia la necesidad de contar con información actualizada y espacializada sobre la población, por tratarse de políticas cuyas acciones se deben centrar en las actividades humanas.
Para ello, es indispensable contar con instrumentos de política pública en tiempo real, que nos permitan superar el déficit de información fiable y actualizada sobre la población, en cuanto a su localización, género, grupo etario, nivel socio económico, actividad económica que desarrolla, necesidades de servicios públicos (salud, educación, agua, vivienda, movilidad, comunicación, etc.).
La ausencia de un registro espacializado y permanentemente actualizado del censo poblacional en el territorio nacional, como instrumento de política pública, dificulta labores como por ejemplo, frenar la deforestación, puesto que la movilidad de población inducida por actores al margen de la ley, colocan al Estado ante la disyuntiva de afectar comunidades locales (no indígenas que surgen repentinamente en zonas aisladas), o permitir la destrucción de parques nacionales y reservas forestales, con las inevitables consecuencias en el cambio climático y alteración del ciclo de lluvias.
De igual forma, el reto de la descentralización efectiva para una ocupación inteligente del territorio, acompañada de condiciones de vida similares en todas las regiones, es una de las aspiraciones nacionales que demanda un eficaz instrumento de política pública para la focalización de inversiones, ya sea la política de vivienda, salud, educación, o en general, las políticas de infraestructura social.
El registro espacializado y permanentemente actualizado del censo poblacional es algo con lo que ya cuentan los países desarrollados y que les ha permitido, como en el caso de Corea del Sur, implementar una gestión de la crisis altamente efectiva. Otros ejemplos son los países europeos, como Alemania, que desde el comienzo conoce exactamente el número de su población, su composición etaria, el género, su nivel socioeconómico y su localización, para lograr asertividad en su política de inversión para combatir la pandemia.
Este tipo de instrumento, más conocido como empadronamiento, ha tenido una fuerte oposición en Colombia, aduciendo razones de seguridad, cuya validez no discuto para momentos de conflicto armado, pero actualmente, cuando clamamos por una consolidación de la paz, no podemos seguir renunciando a instrumentos de política pública tan necesarios, como la disponibilidad fiable y actualizada sobre nosotros, para hacer un buen uso de los recursos disponibles. En este registro debemos estar todos los colombianos y extranjeros residentes en nuestro país, como condición necesaria para acceder a los beneficios que nos brinda el Estado.
Esperemos que una segunda ola de la pandemia, que ya los expertos advierten, nos encuentre mejor organizados y en condiciones de implementar una cuarentena inteligente como la coreana.