Los esquemas de financiación de los sistemas de salud en el mundo son muy diversos y complejos, aunque tienen en común, siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que cumplan con tres requisitos interrelacionados: que recauden fondos suficientes, que procuren reducir los riesgos financieros asociados al pago de la atención, y que bajo el principio de equidad adquieran y suministren servicios de salud que alcancen para todos, requisitos que muy pocos países logran cumplir.
Colombia, a partir de la Ley 100 de 1993, ha realizado varios esfuerzos por alcanzar la anhelada sostenibilidad financiera de su sistema de salud. Es así como contamos con un Plan de Beneficios en Salud (PBS), financiado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), cuya fuente específica de recursos, al menos en teoría, se encuentra garantizada.
En los últimos años la discusión se ha centrado en los servicios, medicamentos, dispositivos u otras tecnologías en salud que están fuera de este plan de beneficios, que también se conocen como No PBS. Al respecto, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’, dispuso que la financiación de estos servicios y tecnologías en salud sean gestionados por las EPS con cargo a un techo o presupuesto máximo que para tal efecto les transfiere la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. Se fijó así un límite que generó una gran expectativa para las asociaciones de pacientes, por los problemas de acceso que se podrían presentar.
Lo grave es que el pasado mes de marzo la expectativa se convirtió en incertidumbre cuando se conoció el impacto que tendría la entrada en vigor las resoluciones 205 y 206 con las cuales se definió un presupuesto máximo a cada EPS, tanto en régimen contributivo como subsidiado, para la gestión y financiación de los servicios y tecnologías en salud no financiados con cargo a la UPC.
En la Fundación Retorno Vital desde hace tres años hemos realizado un seguimiento a las necesidades y quejas presentadas por pacientes con relación al acceso a servicios, medicamentos, dispositivos u otras tecnologías en salud del No PBS. Y el cambio ha sido contundente. Entre el último trimestre de 2019 y el primer semestre de 2020 se ha podido evidenciar un aumento del 63 % del número de quejas, entre las cuales se destacan la demora en el trámite de autorizaciones y en la entrega de medicamentos.
También se ha podido identificar una vulneración a la autonomía médica a la hora de formular terapias o servicios No PBS, algo que se ha reportado de manera permanente a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Defensoría del Pueblo. La libre participación y práctica médica se ve limitada en muchas ocasiones por los indicadores que tienen que alcanzar los médicos como el número de pacientes atendidos por día o el máximo de tratamientos o procedimientos que formulan.
No hay duda de que se ha afectado la oportunidad y continuidad de tratamientos, que venían siendo entregados relativamente bien. Con la nueva medida, más la coyuntura de la pandemia, se han incrementado las barreras de acceso, teniendo como consecuencia perdida de adherencia al tratamiento y sobrecostos al sistema por recaídas, entre otros.
Por lo demás, las asociaciones de pacientes hemos encontrado, en el caso de las enfermedades huérfanas, importantes demoras en el inicio de sus tratamientos, generadas por el aumento en trámites relacionados con la confirmación de su diagnóstico luego de su vinculación en el formato del SIVIGILA (Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública), así como la verificación del diagnóstico por parte de la ADRES, el banco de la salud, a quien estas funciones no le corresponden.
A los pacientes, distintos expertos nos han pedido considerar que es prematuro analizar el impacto de la norma de techos por el corto tiempo de su aplicación. Sin embargo, para las organizaciones que los representamos, que trabajamos día a día con todos ellos, nos es imposible guardar silencio ante el incremento en las dificultades de gestión lo cual está teniendo efecto sobre la calidad de vida de pacientes y cuidadores.
Por un lado, es entendible que estemos concentrados en la atención de la pandemia COVID-19, pero no podemos descuidar a los demás pacientes. Por otra parte, la pandemia nos tomó en el contexto de la aplicación de una metodología que está complicando aún más las cosas, por ello esta debe ser considerada como una medida transitoria y la verdadera apuesta debería ser tener un Plan Único de Salud. Ponerle un techo a la salud no garantiza la debida atención a los pacientes y, por consiguiente, no permite el goce efectivo del derecho a la salud.
* Odontólogo, director de la Fundación Retorno Vital