La condena contra el Estado colombiano por los hechos ocurridos durante la recuperación del Palacio de Justicia se veía venir, viniendo de donde viene: de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es una decisión inaudita, porque no tiene asidero ni verdad jurídica; no existe plena prueba sobre las desapariciones que han venido alegando. Sobre ese tema, el doctor Rafael Nieto Loaiza, quien se desempeñó como defensor del Estado ante esa Corte, presentó un alegato muy bien sustentado en el cual demostraba que en el segundo piso del Palacio de Justicia se encontraron 17 cadáveres totalmente calcinados y que, si efectivamente había desaparecidos, lo más probable es que pudieran estar dentro de ese número de cuerpos.
Así pues, cuando no hay verdad jurídica, las decisiones no generan suficiente credibilidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha asumido posiciones ideológicas en favor de la extrema izquierda radical y de muchas ONG de estas características. Por ejemplo, el general (r) Jaime Uscátegui presentó hace once años unas medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y solo hace poco tuvo respuesta. Por el contrario, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, presentó una solicitud similar y en mucho menos tiempo le contestaron favorablemente. Eso es lo que está ocurriendo con esta condena inexplicable.
En el caso del Palacio de Justicia, los militares actuaron cumpliendo una misión legal y constitucional, mientras que los atacantes actuaron como una organización criminal que asesinó a más de 100 ciudadanos en esos hechos: esa es la gran diferencia. Nosotros como militares estábamos defendiendo al Estado. Los otros actuaron irregularmente, en forma criminal. Pese a ello, mientras los militares están encarcelados, los autores de estas masacres están gozando de libertad y de poder político.
Sin duda, este es un golpe mortal a la moral de las tropas. Cuando hay posiciones sesgadas de tribunales internacionales en contra de quienes defienden este país, de quienes se están jugando la vida y la libertad, cuando no existe fuero ni justicia penal militar que les dé esas garantías, se envía un mensaje preocupante que afecta la voluntad de lucha de los militares y policías que nos defienden. Este es un pésimo mensaje.
General (r) Jaime Ruiz Barrera *
* Presidente de Acore /