La exconcejal Angélica Lozano analiza el fallo de la Procuraduría, organismo que, asegura, se ha convertido en un “un instrumento de persecución dirigida”.
La decisión con la cual la Procuraduría General de la Nación destituyó y además inhabilitó al alcalde de Bogotá por 15 años es una piedra más en un cerrado muro que ha tendido este órgano en los últimos años. Una muralla que cada vez más nos separa de un proyecto colectivo de Estado de derecho.
Las voces indignadas por la destitución a dedo de un alcalde elegido popularmente afirmaban sin equívoco: “Ordoñez en la Procuraduría alcanzó un grado de concentración de poder que el mismo Uribe hubiera querido ostentar”.
No es sólo Petro ni quienes lo eligieron. No son sólo las mujeres, o los homosexuales o lesbianas, o la izquierda, o el proceso de paz. Es un ataque a los propios fundamentos de la Constitución de 1991.
La Procuraduría se ha convertido en un oscuro poder que no reconoce limitaciones y que con una discrecionalidad que no rinde explicación alguna ha ido sacando adversarios ideológicos y políticos del juego democrático. La Procuraduría es hoy por hoy un instrumento de persecución dirigida.
Alejandro Ordoñez usa sus competencias constitucionales no como mecanismos de protección sino como armas de una guerra. La función preventiva de la Procuraduría no sirve ya para evitar las violaciones a los derechos humanos o al medio ambiente. Es ahora la manera de enviar mensajes amenazantes sobre las predilecciones e interpretaciones del Procurador.
La función disciplinaria es la forma fácil de acallar a quien le incomoda, pero al mismo tiempo de premiar a quienes lo veneran. Y las sanciones que inhabilitan políticamente hasta por 20 años son el nuevo termómetro político para hacer listas a cargos de elección popular. Un sola decisión – de por sí inapelable – y una carrera política queda sepultada. Sin derecho a revirar.
La tenaza se cierra con el broche doble de la arbitrariedad: al Procurador nadie lo ronda. Al haberse hecho elegir en un periodo por el Consejo de Estado y la siguiente por la Corte Suprema, inhabilitó a ambos tribunales para que lo investiguen. Por no decir que tiene aceitados a sus electores con jugosos cargos que se niega a sacar a concurso. Porque, como si fuera poco, el Procurador se niega abierta y alevosamente a cumplir con las decisiones judiciales.
No es sólo Petro. Es el estado de derecho, la democracia y la Constitución que están siendo destituidas e inhabilitadas por la Procuraduría.
Angélica Lozano Correa / Ex concejal de Bogotá y candidata a la Cámara por Alianza Verde