Más allá de la celebración lógica por el fin bilateral de las hostilidades y la cercanía de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la preocupación y la tarea fundamental debe estar en la preparación de la implementación de lo acordado.
En un artículo anterior insistimos en que, más allá de la celebración lógica por el fin bilateral de las hostilidades y la cercanía de la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP, e incluso por encima de la preocupación por el doble proceso de refrendación social e institucional de lo acordado, que aportarán legitimidad y legalidad, la preocupación y la tarea fundamental debe estar en la preparación de la implementación de lo acordado, para garantizar al máximo el éxito de la aplicación.
Garantizar el éxito supone partir de un hecho: en clave comparada, es decir considerando los procesos de paz y su implementación desde el fin de la guerra fría, ninguno ha logrado cuotas de cumplimiento general, en todos sus componentes, superiores al 80% por ciento. Y uno justamente de los problemas básicos es justamente el de la gestión de la violencia directa, que, en el caso de Colombia incluye, desarme, desmovilización y reintegración (DDR), reforma del sector de seguridad (RSS), reacomodo de grupos violentos y de actividades delictivas tras la salida de las FARC-EP de las zonas que ahora ocupan y el manejo dela violencia directa no explícitamente vinculada a objetivos políticos, que ya ahora supone el 80% de las muertes por arma de fuego en el país, un problema, por lo demás, que Colombia comparte con la mayoría de los países del mundo, este último, habida cuenta de los cambios en la concepción y la práctica de la seguridad que han acaecido en la posguerra fría.
Empezaremos por este último tema, la nueva concepción de la seguridad y la proliferación e incidencia creciente en el mundo de actores privados de seguridad. La seguridad hoy se entiende como un proceso multidimensional (ecológico, sociopolítico y económico, cibernético… y no solo militar), centrado en retos, peligros y amenazas de naturaleza muy diversas, que afectan no solo a los estados sino, en particular, a comunidades, formas de vida y personas, y, por tanto, a la seguridad interna y a la exterior. Y ello exige análisis, actores e instrumentos novedosos. Adicionalmente, la proliferación de los actores privados de seguridad tiene que ver con la pérdida parcial del monopolio de los medios masivos de violencia por parte de los Estados, en buena medida a manos de actores ilícitos, como muestra la presencia en muchos conflictos armados de grupos no estatales y el recurso en ascenso a actores privados legales de seguridad. Todo ello afectará fuertemente al proceso de reforma del sector de la seguridad, que ya ha comenzado, y que será crucial en unos años.
El segundo gran tema es la gestión de la violencia directa vinculada al proceso mencionado de DDR. Comparativamente, ningún proceso reciente en ningún lugar del mundo ha tenido éxito pleno, como tampoco sucedió con los procesos de los años 90 y de las AUC en Colombia. Ello plantea tres problemas importantes. Primero, prepararse para los casos iniciales de fracaso, que tendencialmente y en clave estadística, afectarían al menos al 10% o 15% de los efectivos a desmovilizar. Segundo, asegurar que el desarme sea efectivo y con una identificación inequívoca de las armas, para evitar lo que sucedió en el caso de las AUC, cuando un porcentaje significativo de las armas acabó en el mercado negro. Tercero, poner en el centro de los trabajos la reintegración colectiva, con programas bien pensados y susceptibles de tener éxito y de evitar la defección, lejos de voluntarismos ingenuos como los taxis para ex-miembros del M-19. Y cuarto, alerta temprana y acción preventiva para la defección sobrevenida, sobre todo en las zonas de desmovilización, con ofertas a desmovilizados de otros grupos armados, guerrilleros, paramilitares o simplemente delincuenciales.
El tercer gran problema está vinculado a los reacomodos de la violencia en las zonas de desmovilización y tiene al menos tres subcomponentes. Por un lado, el interés de todos los actores violentos ilegales de asegurar el control de los espacios de seguridad que dejarán las FARC, en particular los vinculados o cercanos a corredores estratégicos y a negocios lucrativos. Por otro, los problemas derivados de que al menos en 9 zonas significativas de presencia de las FARC, el ELN seguirá operando. Y, tercero, los cambios en la actividad delictiva de los grupos paramilitares y delincuenciales. Los tres subcomponentes afectan a uno de los últimos temas comentados en La Habana, la lucha contra el paramilitarismo, las garantías de seguridad para los desmovilizados y, por tanto, la gestión de la seguridad y de la violencia directa en las zonas donde las FARC dejen de operar y pasen desmovilizarse y desarmarme.
La gestión de la violencia directa está pues en el centro del llamado pos-conflicto durante los dos-cuatro primeros años, de forma crucial, y de los próximos ocho de forma menos central, porque la práctica comparada muestra que del 30% al 50% de los acuerdos de paz firmados acaban con recidivas, en general parciales de la violencia antes de cumplirse cinco años de la firma. Y, por ende, el debate sobre cómo afrontar la reforma del sector de seguridad, pese a que no estuviera en la agenda de la Habana, pasará a estar en el centro de la agenda nacional. Ello supondrá retomar un debate parcialmente postergado desde la etapa del presidente Lleras Camargo y poner los temas de seguridad en el centro de la agenda política, social y económica del país, puesto que la reforma del sector de seguridad no es tema estrictamente técnico, y menos aún competencia corporativa de los cuerpos de seguridad.
Para abrir boca, acabo con dos preguntas clave que toda sociedad que sale de un conflicto armado interno, pero que afronta otros retos de violencia directa debe responderse para elegir políticas públicas y encarar la reforma del sector de seguridad: b ¿por qué y cómo las armas usadas en conflictos armados del pasado suponen obstáculos importantes para crear una sociedad más segura y pacífica? ¿Qué otros factores, de índole diversa, refuerzan o pueden reforzar los obstáculos que crean las propias armas y su cultura de uso?
Sin prisa, pero sin pausa, ha llegado el momento de responderlas colectivamente, generando espacios de diálogo y de reflexión pluriactores.