Luego de seguir de cerca la problemática del agua en Colombia en la última década, primero como investigadora del Instituto de Educación para el Agua UNESCO-IHE de Holanda o más adelante como facilitadora de procesos en resolución de conflictos, considero que el país esta viviendo una de las mayores oportunidades para su sostenibilidad a través del manejo del agua.
Sin embargo, mucho me temo que pocos estén conscientes de ello.
La implementación de la Política Integral del Recurso Hídrico constituye la piedra angular que en materia ambiental ayuda a construir un país más equitativo, priorizando el bien común y el respeto por nuestros invaluables recursos. Múltiples esfuerzos se están llevando a cabo por todo el país organizando a la sociedad civil al rededor de asociaciones de agua y a definir e institucionalizar los consejos de cuencas. Este esfuerzo nos está obligando a pensar en la importancia de construir consensos, de desarrollar metodologías para dirimir conflictos y de darle representatividad a quienes difícilmente la han tenido por su condición socio-económica.
El Encuentro por el Agua en Bogotá organizado por El Espectador así como el Encuentro sobre la Gobernanza del Agua en Cuencas Andinas en Ibagué liderado por WWF, recogieron casos exitosos de construcciones colectivas alrededor del manejo integral del agua pero también plantearon inquietudes que quedaron sin resolverse y que podrían llevar la política del recurso hídrico a un estruendoso fracaso.
La gente que se ha empoderado a través de estos procesos percibe que la participación real está lejos de ser una realidad en el país. Que ésta se confunde con lo que la institucionalidad llama “socialización”, que no es más que suministrar información a la comunidad sin darle la oportunidad de involucrarse en la construcción de soluciones y en la toma de decisiones que le atañen. Las comunidades reclaman la falta de capacitación tanto técnica como en aspectos sociales por parte de los funcionarios de las corporaciones.
La lista de inquietudes es larga y lo esencial está en plantear que muchos de estos males podrían corregirse si el decreto 1640 de 2012 sobre los consejos de cuenca se modificara y les diera carácter decisorio o por lo menos poder de veto. Considero que a nivel institucional, las corporaciones deben conservar sus facultades de comando y control y los consejos de cuenca convertirse en las instancias donde se tomen las decisiones de inversión en proyectos relevantes en las localidades. ¿Será esto utópico en Colombia?
Por: Mónica Sanz *