Los resultados de las elecciones le dieron un revolcón a la correlación de fuerzas que mueven los hilos del poder en Colombia. El nuevo escenario determinará la contienda por la Presidencia de la República, cambiará el funcionamiento del Congreso e impactará en el proceso de paz.
La derrota de la Unidad Nacional es inocultable. De 53 senadores (28 del Partido de la U, 17 liberales y 8 de Cambio Radical) la coalición gubernamental, liderada por Juan Manuel Santos, quedará reducida a alrededor de 44. El partido del presidente perdió al menos 9 credenciales. No fue suficiente el empeño del Gobierno por aceitar las maquinarias. Tampoco sirvió utilizar el Consejo Nacional Electoral de manera arbitraria para cambiar las reglas de juego en contra de la oposición.
La razón de la caída tiene que ver con la evaluación que hacen los ciudadanos de la gestión del gobierno Santos. La reelección presidencial hace que la escogencia de los parlamentarios sea una especie de rendición de cuentas de quienes gobiernan y de quienes ejercen la oposición. Es la oportunidad para reconocer o castigar.
En el caso del Partido Conservador, no perdió más curules en el Senado gracias a la decisión de separarse de Santos, al postular a Marta Lucía Ramírez como su candidata presidencial. La “des-santización” les sirvió para aminorar el desastre. Mientras que el Partido de la U y el liberalismo tuvieron que asumir el costo de empujar al candidato —presidente respecto del cual algunas encuestas señalan que el 64% de los ciudadanos rechazan su reelección—. El resultado obtenido por Álvaro Uribe no tiene antecedente. No es sólo el mérito de enfrentar al Gobierno sin los recursos de poder. Es la obsesión del expresidente con tesis que calaron en los colombianos y que fueron descartadas por Santos una vez electo.
El nuevo Congreso tendrá tres efectos positivos para nuestra democracia: primero, la polarización facilitará que en el Congreso exista una coalición de partidos de gobierno y otra de partidos de oposición. Segundo, teniendo en cuenta que ningún sector político tendrá el dominio completo del Congreso, el Gobierno ahora sí deberá rendir cuentas de forma permanente a la sociedad, a través de los debates parlamentarios. Tercero, con la nueva composición se beneficiará la búsqueda de “la paz”. La paz justa, estable y duradera requiere equilibrio político. La presencia en el Congreso de sectores críticos a la forma como se adelanta el actual proceso de paz es garantía de responsabilidad en el logro de un acuerdo que se traduzca en la desmovilización de las Farc y el Eln, pero sin que esto implique impunidad. El Congreso deberá aprobar las leyes estatutarias que reglamenten el Marco Jurídico para la Paz. Será la oportunidad para que exista un verdadero “acuerdo” entre los demócratas representados en el Congreso para que la paz sea sostenible en lo jurídico y en lo político. Lejos de perjudicar la búsqueda del fin de la violencia, el nuevo Congreso tiene más legitimidad para asegurar que esto sea un propósito nacional y no la bandera de un gobierno para tratar de arrasar a sus opositores. Las propias Farc terminarán por reconocerlo.
* Rafael Guarín, analista político y panelista de Blu Radio