La implementación de la ley estatutaria en salud se nos viene encima.
Tal como lo ordena esta Ley, el gobierno y los colombianos tenemos 2 años para darle contenido a un nuevo sistema de salud centrado en los derechos fundamentales y en la autonomía médica. El reloj está corriendo y hay mucho por hacer.
Probablemente la primera tarea pendiente es alinear las expectativas sobre los efectos de la ley. A la fecha las interpretaciones han oscilado entre quienes, por una parte, dicen que la ley no cambia nada o cambia las cosas marginalmente, y quienes, por otra parte, sostienen que lo cambia todo al punto en el que no habría límite alguno a los servicios y tecnologías cubiertas por el sistema.
Como en casi todo, los extremos son viciosos. En su lugar, los retos planteados por la ley estatutaria pueden interpretarse como una de esas oportunidades que se da pocas veces en un matrimonio para hacer un balance, repensar por qué se está juntos y qué habría que hacer para explotar todo el potencial de la pareja. Así como en el caso del matrimonio, este es el momento para reflexionar sobre el contrato social que suscribimos implícitamente todos los colombianos al contribuir una suma considerable de nuestros ingresos al sistema de seguridad social, al obtener los subsidios del sistema o al usar los servicios de salud. Como ocurre en los matrimonios, de esos momentos de reflexión se sale fortalecidos o debilitados. La pareja enfrenta en esas coyunturas una disyuntiva: o se renuevan los votos o se termina en el divorcio.
La comparación con el matrimonio es útil porque, como en un eventual divorcio, los costos de echar por la borda décadas de un sistema de salud que, con sus defectos, ha logrado que todos los colombianos tengan acceso a la salud, son demasiado altos. Con esto no quiero ocultar o minimizar los problemas del actual sistema: sí hay inequidades en el acceso, sí hay calidades y coberturas muy dispares en el territorio nacional, sí hay pésimos aseguradores y hospitales. Sin embargo, tener un carnet de una EPS ya es un patrimonio de la ciudadanía colombiana, algo que cada vez se hace menos negociable. Hace 20 años este hecho era impensable. Hay que recordar que antes de la Ley 100 de 1993 los ciudadanos debían encomendarse a su buena suerte o pagar con su dinero de bolsillo para obtener servicios de salud.
Hay muchas cosas por hacer en los siguientes dos años. Pero por ahora quiero aprovechar este espacio para sugerir dos cambios que podrían salvar este matrimonio en crisis.
Deberíamos poder erradicar el amor irreflexivo por la tecnología. En salud lo nuevo no es necesariamente lo mejor. Por el contrario, algunas novedades pueden generar incertidumbre y hasta ser peligrosas. Está bien sentirse a la moda comprando el último IPhone, seis veces más caro que la copia china que se produce en la fábrica de al lado. Pero en medicamentos el diseño y la marca no importan; lo verdaderamente importante es el efecto que tiene la droga en el organismo. Si el efecto de un medicamente genérico es exactamente el mismo que el de uno de marca, por qué debe el sistema de salud pagar más por una marca?
Deberíamos poder devolverle la humanidad a la salud. Pensemos la salud de forma relacional y no individual. Mi salud está íntimamente relacionada con la sociedad en la que vivo y a su vez tiene un impacto en la salud agregada de esa sociedad. Por eso las decisiones en salud no pueden ser individuales e insensibles a sus consecuencias colectivas. Reconozcamos también nuestra vulnerabilidad y nuestra mortalidad. Todos vamos a morirnos un día de estos. La atención en salud solo debería hacer el camino hacia la muerte lo menos tortuoso posible.
Ningún sistema de salud puede comprometerse a garantizarle a todos los ciudadanos cualquier tipo de tratamiento que pueda alargar la vida, independientemente de los costos económicos. Dónde fijar el límite es sin duda un reto, pero se trata de un reto que nuestra sociedad debe fijar si se quiere evitar la implosión del sistema de salud y salvar este matrimonio.