Por: Alberto López de Mesa
En las cumbres planetarias de Rio de Janeiro (1992), Kioto (1997) y París (2016), organizaciones científicas y políticas han demostrado la responsabilidad del mercado global en la contaminación generalizada, en la extinción de especies y sobre todo en la aceleración del calentamiento global, de allí 167 naciones se comprometieron a practicar la explotación racional de los recursos naturales, a regular y mejor a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y se creó un fondo mundial para invertir en acciones que mitiguen el cambio climático, donde las potencias, los ocho países más desarrollados, a regañadientes, admitieron que su compromiso en lo económico y en lo estratégico ha de ser mayor por lo mismo que su industrialización es la que más emite a la atmósfera dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y gases fluorados.
Este boom ambientalista ha incidido en una nueva cultura ecológica mundial, muchos países han adecuado sus Constituciones o han creado normas estrictas comprometidos con los desafíos del calentamiento global, por ello, las multinacionales extractoras de hidrocarburos huyendo de los altos impuestos y de las grandes responsabilidades sociales y ambientales que les obligan las leyes de sus propios países, prefieren explotar los minerales y el petróleo en regiones del mundo cuyos gobiernos dependan de la economía extractivista y en efecto sus legislaciones sean laxas y permisivas con los destrozos naturales que puedan causar las prácticas codiciosas de la megamineria.
Colombia donde la cultura ambiental todavía se mira como un exótismo de izquierdistas e indigenistas, donde el tráfico y la depredación de especies nativas hasta hace poco era una expresión de la tradición cultural, donde muchos municipios no tratan sus aguas residuales y convierten sus ríos en alcantarillas y los mares en basureros, donde la minería ilegal lleva años arrojando mercurio y cianuro a los afluentes que abastecen de peces y de agua potable a los nativos ribereños, donde los grandes cultivadores de flores y de palma africana desvían las aguas hacia sus sembrados sin indemnizar a los que dejan sin el recurso vital, Colombia es el país ideal para que las multinacionales mineras vengan y hagan de las suyas, porque de ante mano saben que los gurús de la economía colombiana celebran las divisas inmediatas que dejan las petroleras y las carboneras, porque aquí les resulta más barato consentir con dadivas a los políticos corruptos o a las instancias responsables de las licencias ambientales en vez de responder fomentando el desarrollo de los poblaciones afectadas, reforestando, reponiendo la afectación con inversiones sociales y con acciones que demuestren la sostenibilidad ambiental de sus prácticas extractoras.
Es tan permisiva Colombia con la irracionalidad de los extractivistas que ya ni se esfuerzan por ocultar la miseria y los abusos que dejan a su paso: La Drumond, Cerrejón y Prodeco cumplen en la Guajira una minería abusiva, desplazan poblaciones, desvían ríos, ensucian los mares y las regalías que no corresponden proporcionalmente a sus ganancias al pueblo ni les llega ni las ve, En el páramo de Santurbán rico en piedras preciosas y oro, apetecido por los canadienses (Toronto Stock Exchange) y explotado por su socio estratégico Minesa con demostradas afectaciones de las aguas subterráneas con arsénico, manganeso, plomo y pirita(este último altamente radiactivo) no obstante que estas aguas llega en rusticas mangueras para el consumo doméstico de las poblaciones campesinas que dependen del páramo.
Estos son solo dos ejemplos de los muchos igual de dramáticos que vive el país. La alarma ha provocado que siete municipios hayan oficiado consultas con masiva participación democrática, oponiéndose a la extracción de hidrocarburos y proyectos mineros, pero en respuesta a esta legítima manifestación popular el ministro de minas Germán Arce Zapata, descalifica el reclamo alegando que “Es la nación y no los municipios quien decide sobre el uso del sub suelo”, al tiempo el ministro de ambiente Luis Gilberto Murillo mantiene un silencio cómplice, porque en realidad comulga con la noción de desarrollo dependiente de la minería que practica el Estado colombiano.
Comunidades indígenas de todo el país, desde su saber tradicional hace año que advierten del desenlace mortal que puede tener las practicas de la extracción irracional, pero nada detiene la codicia minera, nada parece convencer a los teóricos de nuestro desarrollo, así que el gobierno de Juan Manuel Santos deja adjudicado 347 títulos mineros para los páramos.
Entre los candidatos a la presidencia, solamente uno, Gustavo Petro, se opone a la economía extractivista, por supuesto los grandes grupos económicos insisten en descalificar su propuesta de transición hacia las energías limpias como una utopía inaplicable para la realidad presente del país.
En las universidades, en las instituciones se promueve una noción de desarrollo inmediatista, incluso supuestos eruditos del sector energético ya están sugiriendo la venta de Ecopetrol a multinacionales, como la salida más osada y saludable para la economía colombiana. Total, el panorama ambiental del país es de terror.