UN RÍO SUCIO ES LA POLÍTICA COlombiana.
A este extremo se ha llegado luego de haberse convertido todo bien público en mercancía transable: empleos, obras, honores, presupuesto, cupos indicativos, permisos, concesiones, leyes, regulaciones, regalías, contratos. Ahora el Gobierno ha presentado un proyecto de reforma constitucional dirigido a equilibrar el sistema político. Será una hazaña o un ejercicio de pasajera y fútil distracción.
Hazaña, si logra el cometido. Ciertamente, trasladar a la política las leyes de la física ha seducido a los mejores talentos, pero es un campo donde lo que abunda es la frustración y el desconsuelo. El derecho constitucional que conocemos es en gran medida fruto de una ingeniería mental de corte pesimista e individualista sobre el uso y abuso del poder. De ahí viene la idea de evitar la concentración del poder, limitar las competencias, establecer frenos y contrapesos e instituir controles, siempre con la esperanza de que la institucionalidad logre producir lo que no cabe esperar de las virtudes humanas y que el poder absoluto no termine por aplastar al ciudadano inerme.
El Gobierno tendrá razones poderosas para pensar que es sabio gastar su capital político inicial en la prosecución de esa quimera. Deberá, sin embargo, luchar por insertar en la Constitución una fórmula que por lo menos sea consistente con su propósito aparente y que tenga algo de ingenio a la vista de tanto fracaso universal en la materia. La que se ha presentado no deja de ser una prematura rendición ante los poderes formales ya establecidos, pues son los que ya tienen poder institucional los que al final acumulan más poder. Es una reforma de signo más, no de signo menos; se introduce una fórmula carente de mecanismos inteligentes de frenos y contrapesos. El poder presidencial se incrementa (elige al procurador, que es su órgano de control); el Poder Legislativo, sin cortapisa, ya podrá asumir para sí la Contraloría General de la República (elige libremente al contralor) y se erige de otro lado en elector del vistoso tribunal de aforados y a su vez en la autoridad investigadora, disciplinaria y fiscal de sus miembros. Las cortes, diferentes de la Constitucional, eligen ellas mismas a los magistrados (se regresa a la cooptación). Los contrapesos son lábiles o inexistentes. No se vislumbra ni por asomo cuál sea el equilibrio que se trata de buscar y a partir de cuáles tensiones éste adquiere funcionalidad y lógica. Sin abonar primeramente una idea razonable y adecuada de función de control se multiplican demencialmente los sistemas disciplinarios —que han hecho crisis en Colombia—, sin reparar en su efecto paralizante y fácilmente manipulable.
Comentario aparte merece la prohibición de la reelección. Como lo estableció la Corte Constitucional, la reelección, por una sola vez no altera el sistema constitucional. Pero sí exige un cambio de la política. No es el “articulito” el problema, como suele creerse. No está allí la fuente del supuesto “desequilibrio”. Lo está, en cambio, en la política tal y como se practica en Colombia, donde el presidente de turno, al convertirse en hábil navegante de esas aguas turbias, casi sin esfuerzo puede repetir cuantas travesías quiera (la maquinaria lo elige, lo reelige y lo vuelve a elegir). Que se disponga la no reelección será una concesión que la clase política se hace a sí misma para repartirse el poder cada cuatro años y no cada ocho. Pero, la verdad, eso no significa ni más ni menos equilibrio. Allí siguen la democracia sin pueblo y el mismo río sucio.
Eduardo Cifuentes Muñoz.