Por: Humberto Mesa Pulido*
Desde hace ya muchos años se escuchan tímidas voces que sugieren un enfoque diferente en la lucha contra las drogas ilícitas, voces que en el fondo buscan una solución pragmática a los problemas de salud, violencia, corrupción, desinstitucionalización, ilegitimidad e ilegalidad por los efectos de su producción, tráfico y consumo.
Hemos visto infinidad de columnas, ensayos y libros protestando y alzando sus voces en contra de los países del lado consumidor –la mayoría de elevado desarrollo económico y social–, que exigen a los países del lado productor –en su mayoría con graves problemas de inequidad social– la solución unilateral.
La certificación de la lucha contra las drogas que otorga Estados Unidos es un claro ejemplo del sometimiento, por un puñado de dólares de ayuda, en la que nuestros gobernantes, con algunas excepciones, se sienten orgullosos y celebran los éxitos de las incautaciones, y de fumigaciones que son materia de serias discrepancias ambientales y de salud, olvidando el costo humano que esta guerra conlleva; en nuestro país miles de compatriotas, policías, soldados, campesinos, gente del común y las personas que desarrollan actividades ilícitas, han caído en una anacrónica lucha contra el poder del dinero, sin olvidar, eso sí, los miles de muertos que la drogadicción causa por sí misma y por supuesto la cadena de corrupción que esta actividad genera.
La pandemia del COVID-19 ha generado cambios casi instantáneos en el mundo, en muchos aspectos de la vida común. La interacción humana, la economía, la diversión se enfrentan a nuevos y desconocidos retos que han generado mayor desigualdad social, ya no solo en los países del lado productor; por ello deben surgir propuestas que necesariamente se aparten del molde tradicional, propuestas que incluyen la atención íntegra a los problemas generados por las drogas ilícitas.
Una de las muchas medidas tomadas por Estados Unidos para enfrentar la Gran Depresión o Crisis de 1929 fue la legalización del consumo recreativo del alcohol. Esto permitió liberar los recursos antes utilizados para combatirlo, destinarlos a asuntos más prioritarios y de paso generar un mercado legal con beneficios económicos para la Unión. En otros países también fueron tomadas medidas atrevidas; por ejemplo, en Colombia, donde la producción del alcohol se constituyó en monopolio de entes territoriales, del cual derivan recursos para la atención en salud.
Hoy en día los consumidores de alcohol reciben atención cuando el hábito degeneró en enfermedad, atención que comenzó a ser discutida en 1948 y se concretó a finales del siglo XX. El consumo moderado es visto con cierto aire de estatus y es incentivado con atractivas campañas y diseños publicitarios. Los países desarrollaron legislaciones para controlar el consumo a partir de cierta edad, prohibirlo para menores de edad o prohibirlo cuando se desarrollan ciertas actividades que requieren total atención; por ejemplo, la conducción de medios de transporte y actividades que requieran total sigilo y responsabilidad.
El camino seguido con el alcohol y luego imitado por muchos países para la producción, distribución y consumo de ciertas drogas alucinógenas puede ser útil para diseñar las medidas mencionadas, que salgan del molde tradicional. En Colombia el consumo recreativo de alucinógenos que no pongan en peligro la salud, asociado al concepto de “dosis personal”, ha sido considerado como derecho fundamental al desarrollo de la libre personalidad, respaldado por la Corte Constitucional. Ciertos alucinógenos, además, son usados por sus propiedades terapéuticas. En relación con el cannabis, recientemente el país adoptó legislación para su producción, distribución y uso. ¿Esto último era posible siquiera pensarlo hace 20 años?
Entre varias ideas está la de crear un organismo de orden mundial que se encargue de la distribución de estupefacientes de origen preferentemente agrícola, sin limitar aquellas drogas de origen sintético que puedan reemplazarlas medicamente, con fines recreativos y terapéuticos, mientras que la producción y comercialización al usuario final sea regulada por cada gobierno bajo lineamientos concertados.
El desarrollo de la idea es el siguiente:
Este organismo debe tener “embajadas” –podrían ser virtuales– de cada país productor; su tarea consistirá en entender las necesidades sociales de cada país miembro, organizar la distribución y repartir los recursos obtenidos de esta. Las “embajadas” gestionarán la adquisición de las materias primas para la producción, las cuotas de producción y exportación de los productos, bajo los lineamientos del organismo. El organismo establecerá lineamientos de adquisición de materias primas, producción, calidad, exportación, comercialización al detal, prohibición de consumo a ciertas personas por razón de su edad o condición, prohibición de sustancias que causan daños irreversibles, salubridad, atención a enfermos por el consumo, atención a la adicción y campañas informativas sobre los efectos del consumo. Las utilidades por el cultivo y producción pertenecerán al país productor. Las utilidades por la comercialización al usuario final pertenecerán al país consumidor. Los resultados de la operación de distribución pertenecerán al organismo y serán manejadas por este, como resultado de la concertación entre sus miembros. Los recursos obtenidos serán utilizados en parte para la creación de centros de atención en salud que cuenten con censos de consumidores; que dispongan de personal médico, sicológico y siquiátrico especializado; que atiendan casos que derivaron en enfermedad e intoxicación y eventualmente requieran consumo controlado. Para financiar el inicio de operación del organismo podrían ser utilizados recursos que actualmente se dirigen a combatir la producción, distribución y comercialización tanto en los países del lado productor, como en los países del lado consumidor.
Este modelo guarda similitud con algunos aspectos de modelos actuales para el control de la producción y consumo de alcohol, ciertos estupefacientes, además del tabaco, pero enfatiza en la idea del organismo mundial descrito, como medio para maximizar los recursos y concertar las políticas alrededor de este problema. El modelo por supuesto debe vencer barreras sociales, culturales e incluso religiosas, como lo hicieron modelos aplicados para el consumo de los productos enunciados.
Con esta propuesta los países del lado productor podrán destinar la mayoría de sus recursos a atender los efectos de inequidad exacerbados por la pandemia del COVID-19, efectos que serán sentidos por muchos años. No hacerlo puede agravar problemas no solo en los países del lado productor, también en los países del lado consumidor.
El nuevo negocio planteado alrededor del organismo mundial propuesto puede aportar soluciones integrales, que permitan, mediante acciones diferentes, lograr mejores y más efectivos resultados, sin tanta pérdida de vida y daños colaterales.
Para concluir, me apropio de una frase utilizada en otro contexto por Martin Luther King, “tengo un sueño”; en este caso, un sueño de ver que el modelo sea tan próspero que pueda lograr disuadir del consumo clandestino y dañino, que acabe con la violencia, que permita que los centros hospitalarios y laboratorios que se creen trabajen con efectividad en el estudio y solución de enfermedades degenerativas de la mente, que los excedentes del negocio fortalezcan la investigación y desarrollo de cultivos esenciales para la alimentación gratuita básica de quienes lo necesiten.
* Tertulia Cervantina 1977. La opinión expuesta en el presente artículo solo compromete a su autor.