La decisión del gobierno de Venezuela de cerrar los pasos fronterizos con Colombia durante las horas de la noche con el argumento de combatir el contrabando ha causado un extenso malestar entre los habitantes de los departamentos limítrofes.
La medida, calificada como unilateral por voceros del gobierno de Santos, se adoptó después de la reunión celebrada en Cartagena entre los presidentes de ambos países. Usualmente los ciudadanos esperan que de estos encuentros se desprendan medidas que garanticen la fluidez de personas, bienes y servicios a través del espacio fronterizo. Toda política o acción que se dé a un lado de la frontera tiene repercusiones sobre el vecino y, por tanto, toma el carácter de política exterior. Ello implica reconocer la necesidad de una planeación conjunta y coordinada en esta materia. No ha sido así y la medida del gobierno de Maduro tomó por sorpresa aun a la propia Cancillería colombiana.
Se aspira a que los problemas de abastecimiento de comestibles que afectan a Venezuela y la salida hacia el país vecino de una gasolina altamente se reduzcan principalmente mediante el incremento de los controles aduaneros y policiales. Sin embargo, estas medidas, que afectan directamente al viajero común, a los que menos parece preocupar es a los propios contrabandistas. Con su habitual recursividad puede esperarse que movilicen sus mercaderías por la red inextricable de trochas que cruzan a ambos lados del espacio limítrofe con la tácita convicción de que las restricciones adoptadas son, en gran medida, insostenibles. Muchos habitantes de la frontera consideran que el flujo de productos hacia Colombia no sólo se da a través del soborno de los funcionarios civiles y militares sino mediante la participación activa en este tráfico de altos oficiales de la Guardia Nacional encargados de combatirlo.
El pulso para hacer cumplir estas medidas puede ser, sin embargo, duro y prolongado. El gobierno venezolano ha reconocido que su economía atraviesa por un momento especialmente difícil. El esfuerzo por preservar los subsidios al combustible supera los 15.000 millones de dólares y el conservar otros subsidios en el ámbito nacional y poder suministrar petróleo barato a algunos países amigos del Caribe deja en constante estado de iliquidez las arcas del país vecino. No obstante, el sostenimiento de dichos subsidios es crucial para que una franja de la población mantenga el apoyo al gobierno de Maduro. Para disponer de la liquidez necesaria no sólo se han tomado las difíciles medidas de cierre fronterizo con Colombia sino que se aspira a vender la red de refinerías que Venezuela posee en Estados Unidos.
Mientras persistan las disparidades de precios a ambos lados de la frontera, las medidas serán socialmente costosas, además de inocuas. Más que en los contrabandistas, las causas del desabastecimiento venezolano habría que buscarlas en el modelo económico adoptado por su gobierno y no sólo por la actividad de los bachaqueros. Entretanto, el flujo formal de viajeros y mercaderías se realizará teniendo a Venezuela con un pie en la puerta.