El jueves pasado se celebró el Día de la Afrocolombianidad, una fecha que evoca la liberación de los esclavos en Colombia.
Por lo tanto, a raíz de esta conmemoración se difundieron las principales conclusiones y recomendaciones del estudio que realizó la Comisión Intersectorial que creó el Gobierno hace más de un año para el avance de la población afrocolombiana.
El propósito de la comisión fue evaluar las condiciones de vida de la población negra y presentar al Gobierno las recomendaciones para superar las históricas barreras que han impedido el progreso de la población negra en los campos políticos, económicos y sociales en Colombia. De la lectura de las conclusiones y las recomendaciones del estudio se concluye que no aportan nada nuevo que no se haya debatido en los últimos 16 años sobre la pobreza y exclusión de la población negra.
En el fondo, dicho estudio no es más que un catálogo de buenas intenciones, retórico y demagógico y, por ende, con determinadas similitudes con los planteamientos expuestos en el Plan integral de largo plazo para la población afrocolombiana 2006-2010. Un plan que fue presentado por el Departamento Nacional de Planeación como la panacea, pero que en la práctica han sido pocos los avances logrados en relación con la disminución de los endémicos índices de pobreza en los asentamientos de comunidades negras.
Entonces, con todos esos antecedentes, no se descarta que con el mencionado estudio se corra con una suerte similar que con el Plan de marras y otras series de diagnósticos elaborados en los diferentes gobiernos desde que entró en vigencia la ley de negritudes.
Ahora, cuando el sol comienza a quemarle la espalda al Gobierno, el vicepresidente Santos propone llevar al Congreso un proyecto de ley para que el 5% de los subsidios y el 10% de los créditos estatales se destinen a los afrocolombianos y se obligue al Estado a contratar sólo con centros de educación superior que gradúen un buen porcentaje de estudiantes afros y con empresas que certifiquen cuántos gerentes negros tienen.
Igualmente, que el Estado garantice que una participación del 10% de los cargos directivos en instituciones educativas públicas correspondan a docentes afrodescendientes, así como un tanto por ciento de empleos en todos los niveles en entidades públicas y empresas industriales y comerciales del Estado. Una iniciativa bastante ilusoria y controversial, debido a que se piensan aplicar una sarta de privilegios estatales en provecho de una población no por méritos de los ciudadanos, sino por el color de la piel, una cuestión difícil de aplicar en la práctica, pero de gran provecho en la actual coyuntura política.
El Gobierno que está en tránsito hacia otra reelección se congracia de esta manera con la nueva burocracia étnica y con los sectores de la dirigencia de las negritudes que siempre han luchado por mayores representaciones políticas en la empleomanía oficial.
José E. Mosquera. Cali.
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