ME GUSTARÍA ENTENDER EL PENsamiento jurídico del presidente Uribe, aunque muchas veces exhibe un total desprecio por ello: acábelos, General, hágalo en mi nombre, o aquello del señor Tasmania o lo del trapo de la Cruz Roja Internacional.
Sí, me gustaría conocer los parámetros en que se mueven él y sus asesores, porque acaba de objetar el proyecto que modificaba la Ley 294 de 1996, aprobado por el Congreso, mediante el cual se endurecían las disposiciones sobre sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, que establecía en su artículo sexto el principio de corresponsabilidad de la sociedad y la familia y, por tanto, obligaba al Gobierno a reparar a las víctimas y restablecerles sus derechos.
Uribe decidió no convertirlo en Ley aduciendo la inconstitucionalidad de esa corresponsabilidad porque el principio general del derecho establece que la reparación del daño es carga de quien lo causa, y cita la sentencia C370 de 2006 de la Corte Constitucional sobre la responsabilidad de reparación económica a cargo del patrimonio propio del perpetrador. ¿Y la reparación económica que el Estado ha asumido para las víctimas de los desafueros de los paramilitares? Si como sociedad tenemos que reparar a quienes fueron torturados y/o asesinados y desaparecidos por personas cuyos nombres conocemos y que además reconocen ante los jueces su directa participación en esos desafueros, ¿por qué no habríamos de hacerlo bajo el mismo principio con las mujeres a quienes no supimos defender ni proteger de la acción violenta en el ámbito de la familia?
¿No es acaso la familia el reflejo de la sociedad en que vivimos y viceversa? La violencia intrafamiliar es el mayor flagelo que vive la sociedad colombiana, cuyas cifras en sus diferentes formas alcanzan niveles aterrorizadores. Esas agresiones arrancan desde la niña abusada en casa y luego prostituida para beneficio del hogar y llegan hasta el asesinato atroz que en demasiadas ocasiones se disfrazan de accidente doméstico o simplemente quedan impunes porque la sociedad no presta apoyo y respaldo a las víctimas y tampoco busca la restitución de sus derechos.
Creo que se equivocó, una vez más, el presidente Uribe: todos, comenzando por él, tenemos corresponsabilidad en los daños que se cometan contra las mujeres en el seno familiar y el Estado sí es responsable de todas las formas de violencia que brotan en una sociedad inicua, discriminante, sexista y negadora de sus propias anomias, porque su obligación es proporcionar a cada ciudadano el derecho a la vida, la honra y el bienestar a través de las políticas que desde el alto gobierno se tracen y se hagan respetar.
De modo que en el caso de la violencia contra las mujeres, el Presidente ha sido injusto y discriminador, porque lo que es bueno para otras víctimas de la sociedad a través de terceros también tiene que serlo para nosotras, que también somos ciudadanas sujeto de derecho. Me parece que la conclusión podría ser, entonces, que para él es políticamente correcto que sólo las víctimas de violencia a manos de grupos armados merecen la reparación estatal. Es decir, que tengan relación con la única bandera que le interesa: la mal llamada seguridad democrática.