El DAS, policía secreta que depende directamente de la Presidencia de la República, continúa la absurda e ilegal política de interceptaciones o “chuzadas” a los teléfonos de los influyentes políticos de la oposición, magistrados, periodistas, abogados y a ciertos funcionarios de la casa de “Nari”.
¿Dónde están el Vladimiro Montesinos y el Fujimori colombianos? ¿A quién convienen estas interceptaciones? Durante seis años el DAS se la ha pasado de escándalo en escándalo, recordemos: las “chuzadas” al magistrado Julio César Valencia, quien tiene un litigio jurídico con el Presidente, porque el magistrado lo denunció por presiones para que favoreciera a su primo Mario Uribe Escobar, el cual salió de La Picota por orden de la Fiscalía General. “Chuzadas” y seguimientos al magistrado Iván Velásquez, a quien en tres meses le interceptaron 1.900 llamadas (El Colombiano, febrero 22/09). El magistrado Velásquez lleva el caso del paramilitar Tasmania, que declaró en contra del ex senador Mario Uribe Escobar.
El gran escándalo desatado en el DAS cuando el funcionario Rafael García denunció al director Jorge Noguera, defendido a capa y espada por el presidente Álvaro Uribe y nombrado cónsul en Milán por su protector luego de la salida del DAS. La “chuzada” al senador Gustavo Petro en octubre de 2008 le costó la dirección de este organismo a María del Pilar Hurtado. Debemos advertir, también, el famoso insuceso de hace 21 meses, cuando desde la Inteligencia de la Policía, sin órdenes judiciales, se develaron por medios de comunicación las numerosas “chuzadas” a colombianos importantes. Doce generales fueron descabezados de la institución.
El juego del sabelotodo a “chuzar y no me coges” continúa y nada pasa. En compañía de la cúpula militar, el presidente Álvaro Uribe anunció el traslado a la Policía Nacional de la función de interceptar con orden judicial, lo que le corresponde al DAS. A los colombianos se les conculcan los derechos. El Estado se degrada y el Ejecutivo no encuentra responsables ni soluciones a tan gravísimo problema que nos confunde con la policía secreta de la KGB en tiempos de la Rusia comunista o al Perú de Fujimori y Montesinos. “Una fuente de alta credibilidad del DAS le confirmó a El Espectador que interceptar a los opositores de turno es prácticamente una política institucional” (El Espectador, febrero 22/09). Falsos positivos, violaciones a los derechos humanos, asesinatos extrajudiciales, corrupción generalizada, seguimientos, interceptaciones telefónicas ilegales a colombianos, y la “Seguridad Democrática” no actúa, y la sensibilidad de los colombianos impasible. ¡Qué horror!
Ómar León Muriel Arango. Medellín.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com.