Que la madurez y eficacia de las instituciones públicas son un factor determinante para el desarrollo y el crecimiento de los países, resulta ser una verdad política y económicamente indiscutible.
Por ello, el Gobierno Nacional diseñó y se comprometió con la ejecución de una visión país proyectada a 2019, que descansa, entre otros pilares fundamentales, en la necesidad de construir un Estado eficaz, transparente y al servicio de los ciudadanos.
Con esa trascendental meta en la agenda política nacional, el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez se ha propuesto introducir las modificaciones constitucionales y legales que sean necesarias para consolidar, particularmente para el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones del país, una institucionalidad regulatoria clara, estable, transparente y que brinde seguridad jurídica a sus diferentes agentes y usuarios.
Los recientes e infortunados eventos en los que se ha visto involucrado el organismo regulador del servicio de televisión nacional han revivido la discusión acerca de la necesidad de hacer una reforma estructural a la Comisión Nacional de Televisión. Pero la madurez de los debates que se surten en el interior de una sociedad, ciertamente, empiezan a medirse cuando la pregunta que los motiva deja de ser un “qué” y se transforma participativamente en un “cómo”.
Los 17 años transcurridos desde la bien intencionada creación de la CNTV por parte de la Asamblea Constituyente de 1991, han sido suficientes para reunir un abundante acervo de evidencias que hacen hoy ya indiscutible la necesidad de reestructurar a fondo este organismo, pues su diseño institucional se muestra ineficaz frente a los retos que imponen los avasallantes desarrollos de la convergencia tecnológica.
A pesar de los cuantiosos esfuerzos hechos por este y los anteriores gobiernos para reglamentar un proceso democrático y representativo para la elección de los miembros de la CNTV que representan a la sociedad civil, año tras año el país ha tenido que ser testigo impotente de prácticas que burlan ese ideal de democracia, impidiendo que este organismo desempeñe con altura el importante rol para el cual fue creado, opacando los logros alcanzados gracias al trabajo serio de algunos de sus miembros y funcionarios.
El Gobierno Nacional ha venido proponiendo de tiempo atrás una reestructuración a fondo de la CNTV, en el marco de un sector de las comunicaciones dinámico y estable, propuesta que tan sólo recientemente vino a encontrar eco en el Congreso de la República y en algunos sectores de la industria de comunicaciones. Empeñados en este esfuerzo, estamos proponiendo se adapte la institucionalidad de la CNTV a los siguientes propósitos:
Estructura regulatoria eficaz para la convergencia: contar con un único organismo autónomo para la regulación de las redes de todos los servicios de comunicaciones, en cabeza de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, con lo que se pretende eliminar la duplicidad regulatoria que retrasa las inversiones e innovaciones que reportan beneficios a los usuarios.
Democratización del servicio público de televisión: fortalecer las competencias de la Comisión Nacional de Televisión para diseñar e implementar políticas que incentiven la generación y transmisión de contenidos para educar, transmitir valores culturales y entretener sanamente a los televidentes.
Representatividad sectorial en la conformación de la Comisión Nacional de Televisión: de manera clara y sencilla elegir los miembros que representen e interpreten los intereses de los sectores que verdaderamente participan en la realización de la televisión y que son sus directos espectadores y críticos.
Tecnicismo, coherencia y unidad de criterio en la regulación: para garantizar que las decisiones de política sectorial y regulatorias que afecten la prestación y disfrute del servicio de televisión sean adoptadas por profesionales idóneos tanto técnica como éticamente, elevando los requerimientos de su perfil.
Bien se ha dicho que las reformas institucionales plantean un problema de acción colectiva, pues se trata de esfuerzos que reclaman la cooperación de todos los actores involucrados. Una reforma como la propuesta implica ciertos traumatismos y períodos de adecuación para los que se requiere el apoyo decidido de los operadores de los servicios de telecomunicaciones y sus usuarios, pues, en su ausencia, cualquier iniciativa estará destinada al fracaso y, con ella, el crecimiento económico del país y el bienestar de los usuarios seguirán pagando la deuda del anquilosamiento institucional y la incapacidad de gestionar mancomunadamente el cambio. Ya lo dijo un importante pensador inglés: “Al tratarse del Estado, debemos recordar que sus instituciones no son superiores al ciudadano; que cada una de ellas ha sido el acto de un solo hombre, pues cada ley y cada costumbre han sido particulares; que todas ellas son imitables y alterables, y que nosotros las podemos hacer igualmente buenas y mejores”.
María del Rosario Guerra. Ministra de Comunicaciones.
Desplazados
Me considero un buen lector de prensa y me sorprende enormemente que ningún medio de comunicación haya reportado la presencia, desde al parecer ya casi 15 días, en la Plaza de Bolívar de Bogotá de un grupo grande de desplazados en condiciones realmente inhumanas protestando por el respeto de sus derechos. Aún más sorprendido teniendo en cuenta que el jueves, a pocos metros, un gran número de periodistas estaba reportando la protesta por la no criminalización de la dosis personal.
Lorenzo Uribe Bardón. Bogotá.
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