De la manera más comedida me quiero referir al editorial del diario El Espectador del día de hoy (sábado, enero 10) sobre la situación de los kankuamos:
1. No es cierto que el Gobierno nacional haya hecho la petición de suspender las medidas provisionales (que no cautelares) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la pasada audiencia del 3 de diciembre; esta solicitud sí se hizo en febrero de 2008. El Estado colombiano considera que dichas medidas deben aplicarse cumpliendo los requisitos de excepcionalidad, temporalidad y extrema urgencia.
2. La Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de no aceptar esta solicitud en febrero, insinuó la posibilidad de estudiarla en sus preguntas del 3 de diciembre;
3. Todo parece indicar que los casos de homicidios sucedidos entre febrero y diciembre de 2008 no tienen ninguna relación con la pertenencia a la etnia kankuamo o disputas relacionadas con ello; baste recordar que dos casos corresponden a servidores públicos de origen kankuamo (un suboficial del Ejército y un inspector de Policía).
4. La hipótesis presentada por la Policía Nacional respecto al estallido de la granada el 31 de diciembre pasado corresponde a una experticia técnica y no a un afán de sustentar una solicitud del Gobierno nacional; el Gobierno espera las conclusiones de la Fiscalía al respecto.
5. Las tierras del resguardo indígena están protegidas por su carácter de cualquier forma de enajenación.
6. La Fiscalía General de la Nación ha avanzado en el esclarecimiento de cientos de crímenes con la participación de la población indígena y con el apoyo del Gobierno nacional. Desgraciadamente en algunos de ellos hay participación de miembros de la comunidad indígena.
7. El Gobierno nacional ha manifestado y demostrado el interés de garantizar la plena protección de todos los derechos de la población de la zona en coordinación con las autoridades locales e indígenas y creemos que ese es el reto principal.
8. El Gobierno nacional considera que los desafíos están alrededor de lograr esa garantía de derechos, la seguridad y la superación de condiciones de marginalidad y pobreza mediante el esfuerzo complementario de comunidades indígenas, resto de sociedad y autoridades; la pretensión de perpetuar enfrentamientos o de descalificar proyectos o sectores no contribuye a esos objetivos.
Estas notas no pretenden pedir corrección de opiniones sino ilustrar cabalmente el punto de vista del Gobierno nacional sobre este tema.
Carlos Franco E. Director, Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. Bogotá.
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