El texto de reforma política que aprobó la Comisión Primera de Cámara en el cuarto debate y que será discutido prioritariamente en la legislatura que comienza hoy, plantea numerosas ambigüedades.
En primer lugar anula —mediante la exigencia de sentencia ejecutoriada por dos crímenes, en vez de uno: vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico, como condición para que se genere responsabilidad política— la posibilidad de que aquellos partidos que hubiesen avalado candidatos ligados a grupos al margen de la ley sean sancionados de manera ejemplar e inmediata.
Asimismo, el texto aprobado permitiría que estos congresistas investigados por vínculos con la mafia y el crimen continúen renunciando al fuero, escogiendo el ente investigador que prefieran y delegando suplentes a modo de carrusel infinito, en la medida en que los suplentes y los suplentes de los suplentes pasen a ser investigados también. La reforma favorecerá, además, el transfuguismo político, pues durante seis meses (entre junio y diciembre de 2009) los actuales miembros de corporaciones públicas podrán cambiar a su aire de partido sin necesidad de renunciar a la curul —curul que en principio es del partido y no de la persona.
Se teme también por la politización del nombramiento del Registrador Nacional, actualmente en manos de las Cortes, y que pasaría a ser responsabilidad exclusiva del Congreso en pleno.
Por último, algunos tildan el texto de discriminatorio en contra de los movimientos significativos de ciudadanos, a quienes excluye de la posibilidad de ganar personería jurídica, al subir el umbral requerido para obtenerla, y para ganar representación en curules, del 2 al 3 por ciento del total de votos para el Senado, o al 50 por ciento del cuociente electoral para las demás corporaciones públicas. El derecho a reposición de votos y otras formas de financiación pública sólo lo tendrán los actuales partidos con personería jurídica, partidos que al día de hoy cuentan entre sus filas a 10 ex congresistas condenados y 65 investigados por parapolítica.
Tatiana Acevedo. Bogotá.
Impuesto de rodamiento
Magnífica propuesta la del senador Jorge Enrique Vélez García, consistente en que el impuesto de rodamiento esté en el precio de la gasolina, así pagan todos y en proporción a lo que rueden, amén de otros beneficios como no tener que hacer el pago de impuestos anualmente, ni llenar formularios, ni pelear con la administración una rebaja del impuesto por el pico y placa, etc. Ojalá a alguien se le ocurriera algo parecido para eliminar lo de los estratos en los inmuebles, que lejos de favorecer a los más necesitados, ha sido un instrumento de inequidad, segregación y marginalidad que ha perjudicado a los de menores ingresos.
Rafael Jordán Rueda. Bogotá.
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