LA CRISIS MANIFIESTA DEL SECTOR de la salud, que reaparece con la declaratoria del estado de emergencia social por parte del Gobierno, pone de presente el fracaso de una política social cortoplacista, así como la necesidad de que la sociedad colombiana, los partidos políticos, la sociedad civil y la institucionalidad pública aborden con urgencia el debate en torno al paquete mínimo de derechos que necesita el país y que el Estado está dispuesto a garantizar.
Los problemas que salen a flote en esta nueva coyuntura no serán solucionados mientras no exista una voluntad gubernamental para desarrollar los derechos sociales consagrados en la Carta Política de 1991, persista un esquema de aumento exacerbado del gasto público sin objetivos claros, no se reconozca que las políticas económica y social deben tener como objetivo la garantía de unos mínimos de bienestar, y si continúa un tratamiento de emergencia, en detrimento de salidas estructurales.
Desde hace tres años, en el Congreso se ha insistido en la necesidad de que se apruebe la Ley de Transformación Social, que reconoce que derechos como la salud, la educación, la seguridad social o el empleo no son meras declaraciones formales.
A las autoridades responsables de la política económica y social es necesario recordarles que los derechos sociales no pueden ser un tema proscrito del debate político nacional y que no pueden seguir objetando este tipo de leyes. La improvisación no puede seguir orientando la búsqueda de soluciones a problemas tan álgidos como el de la salud. La crisis del sector salud, a pesar de su gravedad y sus nefastos efectos sociales, no es un hecho sobreviniente sino que, por el contrario, se explica por la acumulación de fallas estructurales que están en la base de un diseño económico e institucional de espaldas a las realidades del país. Mientras esta situación continúe, no dejarán de resultar paradójicas las denuncias del Ejecutivo acerca del gobierno de los jueces. Si por vía de discusión política no se definen las obligaciones básicas del Estado, la ciudadanía acudirá inevitablemente al Poder Judicial para salvaguardar sus derechos mínimos.
La saturación de los despachos judiciales por acciones de tutela por este tema no puede valorarse como una adicción legalista de la ciudadanía; por el contrario, debe ser interpretada como el síntoma de una enfermedad curable, que por vía de la negligencia gubernamental puede convertirse en un mal crónico si no se asume una reconducción de la política de Estado en la materia. La discusión pública de la Ley de Transformación Social puede ser una excelente posibilidad para construir salidas consensuadas en las que queden claros los indicadores y metas sociales que necesita el país, y para que Colombia, asumiendo los ejemplos de países latinoamericanos como Brasil, se sintonice en el desarrollo de postulados que garanticen derechos sociales como la salud.
Esto no es un sueño. Por el contrario, una institucionalidad democrática se fortalece dejando de lado los frustrados pañitos de agua tibia, apuntándole a una nueva política social que reconozca que la cohesión social es un objetivo posible si la ciudadanía tiene la certeza de que cuenta con un Estado que responde a demandas tan sentidas como las de un sistema de salud digno.