La orientación política de un país, o a veces la ideológica, escogerá el tipo de actor preferido para realizar la explotación de sus recursos energéticos.
El espectro se mueve desde el polo de asignárselo todo únicamente a las empresas estatales (como hace México con su petrolera pública Pemex), hasta la antípoda de encomendárselo todo a las firmas privadas (como lo prefieren, en general, los países anglosajones). Naturalmente que en medio de estos extremos surgen modelos más temperados (como el colombiano) en donde hay espacio para que operen simultáneamente empresas públicas, privadas y mixtas.
Pero en una cosa sí coinciden el modelo liberal y el estatista: es el Estado el que debe asegurarse de que la explotación de sus recursos energéticos renovables y no renovables se haga “eficientemente”.
Así, hay que empezar por definir eficiencia: la racionalidad microeconómica de la empresa considerada en forma aislada sugiere que ésta se alcanza al maximizar la utilidad que, medida en dinero, resulta de multiplicar la producción por su precio. La racionalidad estatal aconseja, en cambio, que lo que se debe maximizar es la producción. Ambas racionalidades aplicadas a la vida total de la explotación. De lo anterior se deriva que los reguladores del sector energético colombiano están desconociendo la prioridad estatal y aplicando la privada. Hablemos de dos casos:
Un emprendedor del sector eléctrico no cuenta con recursos financieros suficientes para realizar el aprovechamiento óptimo de una determinada cuenca hídrica y decide, por lo tanto, realizar un proyecto subóptimo acorde con sus capacidades financieras. ¿Qué regulación se lo impide?
El caso petrolero es más complicado. Una cuenca hídrica se puede ver, dimensionar y modelar objetivamente. Un yacimiento hidrocarburífero, en cambio, primero hay que encontrarlo y después “interpretarlo”, pues delinearlo tiene tanto de técnica como de arte. Así, las reservas de petróleo y gas no se miden, se estiman.
Sin dejar de lado el elemento artístico, existen técnicas para modelar y determinar la mejor manera de explotar un yacimiento: se llama la tasa de eficiencia máxima (Maximum Efficient Rate, en inglés) y se refiere a esto: si a lo largo de la vida de un campo éste se explota bajo el principio MER, recuperará en total cien barriles; si, en cambio, se acelera la tasa de producción (buscando maximizar la utilidad financiera) se recuperarán setenta barriles. Resultado: el país pierde treinta barriles. ¿Quién está vigilando esto en Colombia?
En aras de no perder la autosuficiencia petrolera, se hicieron a mediados de la década pasada las ya muy conocidas reformas al sector. Entre ellas, y a la par de una moda mundial, se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Pero a diferencia de dicha tendencia, no se le asignó a la ANH (al menos no explícitamente) la potestad de vigilar lo señalado arriba: la razón de ser de la mayoría de las agencias similares a la ANH que hoy existen en el mundo es precisamente ejercer dicha vigilancia. Esto era algo que antes hacía Ecopetrol al ser socio obligado en todas los desarrollos petroleros.
La ANH ha tenido un indudable éxito a la hora de atraer inversión al sector. Su énfasis ha estado, hasta ahora, en la exploración. Ha llegado la hora de que el foco de la ANH deje de ser exclusivamente el exploratorio.
Ya que estamos encontrando petróleo, asegurémonos de que su explotación se haga de forma racional, a ver si el boom nos dura.
*Tomás de la Calle. Consultor y catedrático en energía (http://web.me.com/tomasdelacalle).