Las recientes protestas contra la presidenta revelan que los protagonistas de la movilización se han transformado en los últimos meses.
El descontento contra el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff sigue en aumento. Según cifras oficiales, 866.000 personas se reunieron el domingo 16 de agosto en las principales ciudades del país, para protestar y pedir el impeachment (la destitución) de Rousseff, la candidata que sucedió a Luis Ignacio Lula da Silva en el 2012 y que fue reelecta en enero de este año por un nuevo período de 4 años.
Una encuesta reciente de Datafolha revela que en las últimas semanas la popularidad de Rousseff cayó al 13 %, mientras que la reprobación del Gobierno aumentó al 63 %. La proximidad entre el actual panorama político y los últimos días en el poder de Fernando Collor de Melo, único presidente del Brasil destituido por corrupción en 1992, han llevado a que varios miembros del entorno de Rousseff califiquen la situación como crítica.
Si a mediados del 2013, cuando inició la oleada de manifestaciones contra el Gobierno, predominaban las agrupaciones de jóvenes de izquierda, las movilizaciones del primer semestre de este año demuestran que los actores y las justificaciones de la protesta se han transformado. Ahora se trata de sectores de la clase media y de la pequeña burguesía opuestos al socialismo y que exigen la destitución de la presidenta. La organización de las manifestaciones ha estado a cargo de grupos opositores como el “Movemento libre do Brasil”, que se autoproclama como la nueva derecha brasilera, los “Revoltados online”, que hacen activismo virtual y congregan a las manifestaciones en todo el país, y el movimiento “Vem Para Rua”, que tiene un protagonismo importante en São Paulo. Ciertos grupos minoritarios han llegado a pedir el regreso de los militares al poder.
La semana pasada el expresidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) reunió en su apartamento de São Paulo a Aécio Neves y a Geraldo Alckim, los dos líderes naturales del Partido Socialdemocrata Brasilero (PSDB), opositor al Gobierno. FHC sostuvo que el gobierno de Rousseff es legal, porque fue elegido democráticamente, pero mencionó que los escándalos de corrupción que han tenido lugar en últimos meses (Mensalo, Petrobras, Odebrecht, etc.) lo hacen ilegítimo. Les aconsejó a ambos alinear sus discursos políticos contra Rousseff y exigir el impeachment. Neves fue favorable a la propuesta, pero Alckim se mostró más prudente, pues su actual posición como gobernador del Estado de São Paulo le impediría postularse a la Presidencia en caso de que la destitución llegara a concretarse.
Otros estrategas de la oposición consideran prematuro exigir la destitución en este momento. El aumento del costo de los servicios públicos (en particular de la electricidad), del desempleo y de la inflación van a presionar al gobierno en los próximos meses y pueden conducir a la profundización de la actual crisis política. La recesión económica terminaría por llevar al gobierno a una situación de desprestigio irreversible.
No hay que descartar cambios en la composición del gabinete ministerial brasilero en las próximas semanas, una opción que Rousseff no ha empleado hasta ahora y que podría ayudarle a enfrentar esta nueva crisis.