EL SECUESTRO Y ASESINATO DE Luis Santiago, el bebecito de 11 meses, por orden de su padre en Chía es un ejemplo más de la macabra crueldad, la violencia, la descomposición social y el desprecio por la vida que tristemente caracterizan a nuestra realidad nacional.
Entre enero y agosto de este año fueron asesinados en Colombia 520 menores, 13 de ellos, como Luis Santiago, sin haber cumplido su primer año de vida. Hoy ocupamos el primer lugar en América Latina en los índices de violencia contra niños y niñas.
Pero por condenable que sea esta situación y legítimo que es adoptar medidas encaminadas a proteger a los niños, me parece aún más repudiable —de llegar a ser cierta la sospecha— de que 11 jóvenes de Soacha y Ciudad Bolívar fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Ejército para nutrir de cadáveres a los falsos positivos en Norte de Santander.
Sé que son dos noticias muy distintas, que responden a fenómenos de naturalezas diferentes y que ambas son gravísimas. Pero mientras el caso de Chía se trata al fin y al cabo de la conducta de unos individuos, lo sucedido en Soacha y Ciudad Bolívar son acciones por integrantes de la institución que constitucionalmente debe ejercer el monopolio del uso de la fuerza.
En Risaralda hay otros 23 casos de desaparecidos que fueron reportados como muertos en combate en Quindío, Caldas, Antioquia y Santander. En Sucre 11 jóvenes desaparecieron y fueron reportados por el Ejército como bajas en combate en Córdoba. Son en total 46 desaparecidos que aparecen luego como muertos en combate en otra parte del país.
La Procuraduría destituyó a un coronel activo por participar en el asesinato de tres sindicalistas en Arauca que fueron presentados como guerrilleros y elevó pliego de cargos contra 10 miembros del Batallón La Popa por el homicidio de un indígena, reportado como muerto en combate en el Cesar. Por su parte, la Corte Suprema condenó a dos militares a 40 años de cárcel por la muerte de dos desmovilizados en Antioquia que fueron presentados como guerrilleros activos.
No sé cuántos casos aislados se requieren para constituirse en una práctica masiva y sistemática, pero lo cierto es que los falsos positivos y las muertes fuera de combate están en aumento. Entre julio de 2002 y diciembre 2007 se presentaron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, comparado con 699 entre enero de 1997 y junio de 2002. Esto se debe a las fuertes presiones que los mandos militares reciben desde lo más alto para producir resultados.
Pero lo más perverso es que esos resultados se midan por el número de bajas que se le produzcan al “enemigo”, sin entender que la vida de todos los colombianos es sagrada. El desempeño de los mandos militares debería evaluarse más bien por la efectividad en el cumplimiento de los derechos humanos y los ascensos deberían favorecer a quienes logren en sus jurisdicciones eliminar o reducir el desplazamiento forzado, los asesinatos de líderes sociales, los secuestros, las desapariciones y las torturas.
Es imposible encontrar lógica alguna al tenebroso asesinato de un bebé por parte de su propio padre, quien tiene el encargo por naturaleza de cuidarlo. Es aún más terrible cuando quienes tienen como deber la protección de los ciudadanos, los matan indefensos.