Para corregir ahora o en el futuro es necesario algún equilibrio entre esperanzados y realistas.
Tal vez estos asertos no generen mayor discusión: 1) en una sociedad pluralista y democrática como la colombiana, sería sorprendente que todos votaran por el Sí o por el No en el plebiscito; y 2) aun en una competencia equitativa, sería indeseable que ello ocurriera porque la sociedad estaría «poniendo todos sus huevos en un solo canasto».
Y asumamos que es justo o correcto llamar «esperanzados» a los partidarios del Sí, y «realistas» a los del No. La esencia de la conversación civilizada que discurre por debajo de los insultos parece inclinada a un «nosotros votaremos con la esperanza y ustedes dejen constancia por si algo sale mal, revisar más fácil». Normalmente, la democracia permite estos ‘acuerdos’, que protegen el futuro de la sociedad.
El punto es si «el mejor acuerdo posible», de ser refrendado, permitirá correcciones en el futuro, a la luz de la experiencia que se viva. La verdad es que ni en el espíritu ni en el texto del acuerdo final existe esta precaución reformista. La ausencia de esta especie de salvaguarda programática seguramente obedece a que las Farc querían evitar un «conejo» y no iban a aceptar sofisticaciones de «ensayo y error».
Al contrario, el «Calendario de implementación normativa durante los primeros 12 meses tras la firma del acuerdo final, conforme a lo establecido en el acto legislativo 1 de 2016» (págs. 177-178), que tendrá vía rápida en el Congreso, es un camino para expedir legislación que nos meta en recetas sesgadas, incompletas o apresuradas.
Los temas para legislar en solamente un año son de este calado: reforma rural integral, sustitución de cultivos de uso ilícito, participación política, financiación de los partidos, extinción judicial de dominio, participación ciudadana, corrupción, «reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral». López Michelsen habría dicho: «una pequeña revolución por contrato» (o decreto), naturalmente propicia a errores de diseño.
Claro, el gobierno podría incluir ‘salvaguardas’ en los proyectos de ley que llevará al Congreso para aprobación o improbación exclusivamente. Dirá que no lo hace porque no está en el acuerdo final o dirá cualquier cosa. A menos que la votación del No empiece a operar como salvaguarda o desacuerdo que el gobierno no pueda ignorar en la implementación normativa, sabiendo que una cosa son las leyes para los desmovilizados, como la de Reincorporación económica y social; otra, las referidas a materias específicas como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; y otra, las de alcance general, como la de reforma rural.
La idea general de salvaguarda puede apreciarse en el compromiso anunciado de la Fiscalía para perseguir los dineros ilícitos de las Farc. «El mejor acuerdo posible» no protegió a la sociedad del ‘detalle menor’ de tener a unos exguerrilleros políticos aspirantes a ser perdonados, pero incapaces de entregar sus propiedades y recursos mal habidas. La Fiscalía hará lo que pueda, con apoyo de la justicia estadounidense, un lindo espectáculo que no nos ahorraron.
Lamentablemente, no tendremos un ‘equilibrio natural’ entre esperanzados y realistas en el resultado del plebiscito, por el ventajismo del gobierno, pero la sociedad colombiana no se puede quedar sin salvaguarda. @DanielMeraV