Los cambios que necesita el país en esta materia no se pueden hacer por fast track.
El presidente Santos le pidió a la Misión Electoral Especial pactada con las Farc que «en dos meses nos den esas recomendaciones» porque «para usar el procedimiento rápido, para usar el fast track, yo creo que necesitamos, ojalá que en las próximas elecciones tengamos ya un sistema mucho más transparente». No estaba bromeando.
En la primera versión del Acuerdo Final con las Farc, la Misión tenía seis meses de plazo. En la segunda versión, después del No, le recortaron a cuatro meses. Y este mes, el 17, en la instalación, el presidente les dijo con ternura e irresponsabilidad: «Yo sé que ustedes tienen tres meses, pero les voy a pedir de corazón que adelanten ese tiempo en dos meses».
Ya no seis meses, sino dos, ¿para hacer qué? Para elaborar unas recomendaciones con base en las cuales se presentarán al Congreso «reformas constitucionales y legales relativas a la organización y régimen electoral con especial atención», dentro del «calendario de implementación normativa en los primeros 12 meses tras la firma del Acuerdo Final».
Luego del triunfo del No, el Gobierno entendió esta elemental observación: no es conveniente hacer reformas electorales sin concertar con los partidos políticos. Entonces creyeron tener la solución con este añadido en la segunda versión del Acuerdo, el de la refrendación «popular» en el Congreso:
«La Misión adelantará un amplio y efectivo proceso de participación con todos los partidos, movimientos y agrupaciones políticas a objeto de obtener el más amplio consenso posible en la producción del Informe Final». Hágannos el bendito favor. ¡Los siete expertos de la Misión van a sustituir al ministro del Interior para lograr un consenso político! Y en los mismos dos meses.
Como es de suponer que las recomendaciones no están escritas, ni los miembros de la Misión aceptarían el papelón de aparentar que llegan a las mismas conclusiones de lo ya acordado o deseado por el Gobierno y las Farc, ni los proyectos de reforma constitucional y de ley están elaborados, entonces tal vez sí sea en serio que piensan pasar la reforma electoral por el fast track dentro de pocos meses.
Pero ¿qué tipo de reformas al régimen electoral? El Gobierno tiene el deber de decirlo, y lo único que dijo el presidente Santos fue «financiación ciento por ciento estatal de las campañas por un par de periodos para buscar que las campañas políticas no cuesten lo que están costando». Nada más. Sobre los otros aspectos, ¿lo que digan los de la Misión?
Si el Gobierno acordó en secreto o por fuera del texto la financiación estatal total de las campañas porque las Farc creen que es la única forma de «hacer posible una equilibrada contienda electoral» (‘Iván Márquez’ en mayo/2016), sería bueno que nos ahorremos la pantomima. Las Farc tienen razón en que la propensión de la gente pudiente no será darles dinero, no pocos extenuados todavía de haberlo hecho antes bajo extorsión o secuestro.
Pero una cosa es pensar en resolverles un problema a las Farc, y otra resolvérselo al país. Como cualquiera de los siete expertos de la Misión Electoral sabe, e incluso el presidente, la principal fuente de corrupción del sistema político es el voto preferente. Cada candidato consiguiendo los votos como puede. Más de 2.000 «contabilidades» de gastos sin control en 2014 en lugar de una contabilidad por partido. Mientras esto persista, la financiación estatal total será simplemente más dinero de los contribuyentes para un sistema dado a la corrupción. La única forma de congelarles la sonrisa es decirles que no podrán hacer campaña por un número propio en una lista.
¿Por qué el presidente no habló de eliminar el voto preferente? ¿Porque solo es vocero de la agenda con las Farc? ¿Porque sabe que ese cambio no se lo aprueban por fast track en el Congreso por más mermelada que use? Se entiende el interés de las Farc en que aumente el número de pequeños partidos y movimientos políticos al desligar la personería jurídica de la superación de un umbral en las elecciones, en que se incremente la financiación estatal de la política y en la reglamentación de las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz, todas cosas que lograron, en el marco de una mentalidad guerrillera de avance sobre un objetivo utilizando pequeñas unidades de batalla dispersas. Pero eso no es lo que necesita el país para alinear democracia con desarrollo y bienestar.
La inclusión no significa proliferación de partidos; el desmonte, gradual o no, del voto preferente fortalecerá los partidos y acabará las microempresas electorales; un sistema fundamentado en partidos grandes debe recibir aportes pequeños y vigilados del sector privado y los ciudadanos; y podríamos avanzar hacia el sistema electoral mixto que propone el exsenador John Sudarsky basado en distritos uninominales. Todo esto no se logra en poco tiempo ni del modo que quieren, así prorroguen seis meses el fast track ilegítimo, con un país dividido por el liderazgo presidencial. En realidad, el acuerdo con las Farc hace retroceder el sistema político.
@DanielMeraV