Es urgente una coalición de gobierno mayoritaria y estable.
Como reza el dicho, “nadie dijo que iba a ser fácil”. Esta semana fue evidente que la gobernabilidad está en construcción: Cambio Radical (CR) y el senador David Barguil dieron dos golpes de opinión a la agenda legislativa y la búsqueda de una mayoría política pareció depender de tres expresidentes (en un periodo de cambio generacional).
Lo de CR es de hondo calado: le compite programáticamente al Gobierno en el tema tributario y le socava el apoyo de la clase media aprovechando las palabras del Minhacienda de gravar más a las personas y menos a las empresas.
Además, también se le adelantó, en cabeza de Rodrigo Lara, junto con el conservador Barguil, en la preocupación popular de sancionar fuerte el mal servicio de las EPS y premiar el buen servicio por ley.
Si se mantuviera el patrón de esta semana en el Congreso, tendríamos anarquía, en el sentido de «ausencia de norma» (no se debe sabotear la agenda del presidente), «ausencia de jerarquía» (primero propone el Gobierno en sus temas prioritarios), «ausencia de autoridad» (tenderemos a estar de acuerdo con los ministros) y «ausencia de gobierno» (el que ganó las elecciones lidera), que son condiciones que se aseguran con una coalición política de gobierno.
De modo que si no queremos “anarquía” o ingobernabilidad, la ministra del Interior debería abandonar su resignación a no tener coalición mayoritaria permanente. “El trámite de los proyectos se va a dar muy puntualmente con acuerdos en diferentes sectores”, le dijo a El Tiempo en tono de “esa va a ser la realidad”.
La cuestión, ya se sabe, es qué va a ofrecer el presidente para obtener un mínimo acatamiento parlamentario que forme gobernabilidad, si están descartados el reparto burocrático y los cupos indicativos en el Presupuesto General de la Nación, la mermelada, la corrupción.
Como sugerí en “Gobernabilidad sin mermelada y cambio sin polarización”, hay que intentar pegar la coalición por la vía programática con réditos electorales. Esto es, el partido que esté en la coalición tiene derecho a que el Gobierno le adopte políticas y programas para mantener su electorado.
Se trataría de una alta política con contenido y de cara al público: sobre reformas o inversiones concretas, unas por otras, con regiones y grupos sociales beneficiarios que sepan a quiénes darles las gracias. Para un partido, por definición, no basta con participar en los beneficios generales del éxito de un gobierno.
Si el partido de gobierno no tiene mayoría parlamentaria, como es el caso, el presidente difícilmente podrá restringirse a ejecutar solo su programa de gobierno. Antes, el trato era “le aprobamos lo que quiera a cambio de mermelada”. Hoy sería “apoyamos su gobierno si nos ejecuta una parte de nuestro programa —con la que puede estar de acuerdo ideológicamente—”.
La mayoría de los congresistas no serían entusiastas de la “gobernabilidad programática” porque la política en Colombia se estructura más sobre intereses particulares que sobre intereses comunes. Pero algo debe llenar el vacío que ha producido en el sistema político un gabinete desconectado de los partidos y la promesa creíble de acabar la corrupción de la mermelada.
Ahora mismo hay un suspenso, un vacío, que se puede llenar de verdadero ruido cuando además de desmontar los cupos indicativos en el presupuesto de 2019, el Gobierno empiece a remover las cuotas burocráticas heredadas y a tapar las venas rotas en las entidades. Eso requiere una estrategia y un plan afinados para que el ruido no nos lleve a la anarquía.