Los gobernadores y alcaldes piden adecuar los términos de ley para la aprobación de los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), pero ese no es el principal problema.
El resumen del asunto va así: 1. Las condiciones para la expedición de los planes de desarrollo territoriales (PDT) 2020-2023 han cambiado dramáticamente; 2. Bajo el Estado de Emergencia no se sacó ningún decreto legislativo para enfrentar ese problema y 3. La posición del Departamento de Planeación Nacional (DNP) es que aprueben los PDT como puedan y luego los ajusten.
La consecuencia probable es que los PDT salgan en mayo bastante deficientes en discusión, estrategia y proyección a la luz de la realidad creada por las medidas para contener la pandemia.
La Federación de Departamentos le pidió el 20 de marzo a DNP una prórroga para la elaboración y la aprobación de los planes de desarrollo departamentales. Expuso varios motivos: 1. Las socializaciones virtuales con las comunidades no funcionan, 2. Los temas presupuestales ya no son los mismos, 3. Las consultas a grupos poblacionales están afectadas, y 4. Las metas deben ser modificadas por ejes estratégicos y sectores.
El director del DNP dijo el primero de abril ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso que la extensión de plazos para la aprobación de planes de desarrollo locales era “un asunto legal muy importante”. Y el ocho de abril le mandó al representante a la Cámara, Jairo Cristancho, un oficio efectivamente jurídico para decir que se mantienen los plazos.
Me temo, sin embargo, que el asunto no es legal sino que es institucional, económico y político porque: 1. Se deslegitiman las instituciones cuando no saben responder a las emergencias, 2. La recuperación económica requiere alineación de todos los niveles de gobierno, y 3. La nueva situación desvalorizó o desactualizó el Plan Nacional de Desarrollo a mitad de camino, lo desfinanció y la competencia será por quién traza el nuevo rumbo (o pregúntenles a Gustavo Petro y a Claudia López).
El gobierno podría atender el carácter institucional, económico y político de la cuestión y modificar el marco legal bajo decreto de emergencia, y no limitarse a responderles a los gobernadores y alcaldes con los textos legales concebidos para tiempos normales.
En concreto puede: 1. Llevar al Congreso de la República una modificación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente para adecuarlo a las exigencias y realidades de la nueva situación, comenzando por corregir los ingresos petroleros, 2. Extender los plazos de los planes de desarrollo territoriales (PDT) y darles participación en el trámite del ajuste al PND en el Congreso a los mandatarios locales, 3. Establecer que una vez modificado el PND, los PDT se alinean con determinadas estrategias nacionales sí o sí, y 4. Adoptar esa senda de recuperación económica hasta 2026.
Un país serio no cambia la hoja de ruta a los dos años, ni deja de darse una hoja de ruta para enfrentar semejante crisis de impactos profundos.
Así, el gobierno enfrentaría el carácter multidimensional del problema, tomaría la iniciativa y pondría agenda. De paso, 1. Ocuparía al Congreso en algo vibrante, 2. Tal vez, liberaría tiempo de algunos de sus ministros copados por el control político, y 3. Crearía una oportunidad excepcional para que muchas cabezas pensantes del país dialogaran con el Congreso en el diseño de un plan especial de recuperación, innovación y sostenibilidad del desarrollo de Colombia.