Aunque el Gobierno está haciendo lo que ellos quieren, no les basta. Protesta social violenta no es un derecho, hay que recordar.
Para este 10 de octubre, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) y la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (Acrees) organizan una “gran movilización nacional” estudiantil para conmemorar la gran movilización estudiantil del 10 de octubre del año pasado.
Como esa verdad escueta sonaría extraña, dicen que vuelven a las calles exigiendo: el cumplimiento de los acuerdos de 2018, la garantía del derecho constitucional a la protesta y contra la corrupción.
Es fácil mostrar que se trata de pretextos para seguir con su estrategia de marchas y paros recurrentes conectados con la oposición antisistema:
i) El gobierno Duque les está cumpliendo. En la propia declaración del Comité Ejecutivo Nacional de Acrees del 6 y 7 de julio se lee que “el Gobierno está incumpliendo dos de los 18 puntos firmados”.
Uno de los dos puntos es que el Gobierno presentó el proyecto de reforma constitucional del Sistema General de Regalías sin consultarles y sin priorizar recursos para la educación superior pública. Un gesto de “cogobierno” innecesario porque es el Congreso el que decide y pueden ir allí a argumentar sus demandas.
El otro punto es una discusión de trámite presupuestal de saldos apropiados y no comprometidos. El acuerdo dice “hasta por $300.000 millones” y el Gobierno ha programado $78.500 millones para 2020. El acuerdo habla de 2018-2022. Todavía hay tiempo para cumplir.
El MEN publicó un reporte de avances de recursos adicionales punto por punto que ameritaría que los líderes estudiantiles convocaran creativa y desenfadadamente la marcha de este 10 de octubre para festejar la ejecución de la “victoria histórica” de 2018. Pero alegar que es por incumplimiento resulta descarado y antiético.
ii) “La garantía del derecho constitucional a la protesta” está en firme. Aunque les faltó ser más precisos: “a la protesta social pacífica”. Artículo 37 de la Constitución: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”. La protesta social violenta no es un derecho, y sí tenemos un problema con las recientes reacciones desproporcionadas del Esmad.
Problema que se resuelve obteniendo un compromiso del propio presidente Duque, no convocando marchas sin garantizar que los “vándalos infiltrados” (en las universidades con carnet) no harán protesta violenta. Todo sería distinto si los líderes de la protesta pacífica no toleraran el ecosistema que perpetúa la protesta violenta en los campus.
iii) “Contra la corrupción”. También les faltó ser más precisos: contra la corrupción en las universidades públicas (y algunas privadas). El caso de la Universidad Distrital les cayó como anillo al dedo con su impacto mediático porque el año pasado obligaron al Gobierno, mediante el paro prolongado, a firmar un acuerdo cuya premisa es “gastar más”, no “gastar mejor”.
Por eso es que el MEN saca un reporte de recursos adicionales para las instituciones de educación superior, pero no puede hacer uno sobre avances correspondientes de estas en gestión, eficiencia, buen gobierno. No hay contrapartida. No fue un “toma y dame” de una negociación. El movimiento estudiantil y profesoral simplemente impuso su visión, que hace poco reafirmaron en el “Manifiesto por la educación superior pública” en Medellín, suscrito por líderes docentes de 11 universidades públicas. Una defensa dura del statu quo y la profundización del diseño del subsector.
Si les importara la corrupción universitaria de verdad, habrían acogido estos mínimos compromisos en el acuerdo por el paro de 2018:
Que todas las IES públicas utilicen la plataforma de Colombia Compra Eficiente, Secop 2, para consolidar los principios de publicidad, transparencia y selección objetiva. Que el MEN y los rectores acuerden con la Contraloría General de la República pasar de unas pocas auditorías financieras al año a auditorías de gestión y resultados a todas las universidades con indicadores comunes.
Que Presidencia y el MEN hagan transparente su política de nombramientos de delegados en los consejos superiores, profesionalicen esa delegación y respondan por lo que pasa ante su vista gorda. Que el CESU, el MEN y Minhacienda establezcan un potente sistema de rendición de cuentas de amplio acceso público para las IES, donde se valoren también las buenas prácticas de gobierno universitario.
No pasó. Y quieren reformar solamente los artículos 86 y 87 (transferencias) de la Ley 30 de 1992, como si ese fuera el único problema del vetusto marco legal de la educación superior. De pronto lo logran porque no se muestra energía política para la reforma estructural de la educación que necesitan la productividad y la equidad.
Las cabezas visibles del liderazgo estudiantil y profesoral son suficientemente inteligentes para tener claridad de los compromisos ideológicos y políticos en los que están. Saben que el control discursivo y simbólico de la comunidad de la educación superior como actor social es fundamental para el proyecto de poder que persiguen con pequeños partidos, que pasa por las elecciones.
También saben que algunos queremos pluralismo en ese control.