El reto del próximo gobierno para sacar del statu quo a la educación superior, no repitiendo los errores de 2011.
Los elementos para un déjà vu de las marchas estudiantiles de 2011 están en el horizonte: un movimiento estudiantil que se reactiva, la probabilidad alta de un nuevo gobierno de centro-derecha y una agenda impostergable de reformas en la educación superior, en un contexto de polarización político-ideológica.
La inacción o una confrontación que al final ganarán los estudiantes por las manifestaciones callejeras. Esas son las dos alternativas que señala la experiencia. Habría que intentar hacer algo distinto para cambiar la historia.
La declaración final del Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, Enees 2018, realizado en la Nacional del 17 al 19 de marzo, no deja dudas: rechazan los proyectos de Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), de Sistema de Financiación Contingente al Ingreso (FCI) para acceso a la educación superior a cargo del Icetex y de conversión del programa Ser Pilo Paga en política de Estado.
A lo que habría que añadir el rechazo a una reforma de la Ley 30 de 1992 para introducir más equidad, universalidad y eficiencia en la asignación de recursos adicionales a las 82 instituciones de educación superior (IES) públicas (no solo las 32 universidades).
Los cerca de 1.500 líderes estudiantiles asistentes al Enees hicieron un llamado a “la lucha por la democracia y la autonomía universitaria”, y van a tomar los indicadores de gestión y de resultados para la financiación adicional como injerencia en la autonomía universitaria, con el apoyo tácito o explícito de rectores y decanos.
Y si el nuevo gobierno, previsiblemente, no convive bien con la extraterritorialidad de facto que protege la ilegalidad y el uso de la violencia en algunas universidades, las cosas se pondrán “calientes”.
En aire de centenario, el comunicado del Enees trae una cita diciente del “Manifiesto Liminar” de la Federación Universitaria de Córdoba, Argentina, 1918: la más retórica de “estamos pisando sobre una revolución”, no la más fidedigna de aquella rebelión contra un “régimen universitario fundado sobre una especie de derecho divino; el derecho divino deI profesorado universitario”.
Esta juventud universitaria activista de 2018 está esperando que el “enemigo” le dé más motivos. Convoca a una Jornada Nacional de Protesta el 24 y 25 de abril con cese de actividades académicas; al II Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior, en septiembre; y a sumar fuerzas para “un paro nacional de la educación superior que confronte la crisis actual de la misma”.
Pero la inacción o la inercia no debe ser una alternativa para el nuevo gobierno. Por el contrario, se requiere un sentido de urgencia: hay que rediseñar la educación terciaria para la cuarta revolución industrial, algo que ya han comenzado a hacer algunos países, mientras nosotros pensamos en términos del siglo XX.
Lo primero es crear un consenso fundamental entre los actores del subsector antes de llevar al Congreso de la República las propuestas de reforma (evitar el error de 2011). Un consenso basado en compromisos, resultado de la persuasión y la negociación.
Un consenso real, un equilibrio en el que cada actor o grupo de interés se comprometa sobre la base de sus “ganancias” y sus “pérdidas” en la superación del statu quo; no uno de esos consensos que los gobiernos se imaginan después de “socializar” sus presentaciones.
La experiencia internacional muestra que la gestión del cambio en los sistemas educativos no es tan romántica como propone Fajardo, que construye el “Gran Pacto por la Educación” e incrementa el presupuesto 10% cada año. Es un poco más complicado que eso.
El Ministerio de Educación tendría que saber lo que quiere y lo que puede para sentar los cimientos de un cambio estructural en la relación de la educación terciaria con el proyecto de país en sus varias dimensiones, de cara a la opinión pública.
Naturalmente, con los estudiantes también aplica la persuasión y la negociación para incluirlos en un gran acuerdo: i) con los activistas cuya ideología se une al “movimiento social popular” (Enees, sucesores de la MANE), ii) con los representantes estudiantiles cuya misión se circunscribe más al ámbito de sus IES (menos ideologizados), y iii) con los estudiantes cuyo interés primordial es formarse con calidad, graduarse e insertarse en el mercado laboral del mejor modo posible.
El diálogo con el liderazgo del Enees arrancaría con su propuesta de i) un “modelo de financiación basado en los principios de la universalidad y gratuidad de la educación superior que garantice condiciones de acceso, permanencia y graduación”, y ii) un “sistema nacional de becas y matrícula cero para estudiantes de las IES públicas como paso conducente hacia la gratuidad”.
También exigen “plena financiación a la educación superior y el pago de la deuda histórica que ha provocado el desfinanciamiento de las universidades públicas por cerca de 16 billones de pesos”.
Hay que tomárselos en serio para mantenerlos en el diálogo, y tal vez comenzar por enviar una delegación estudiantil a Chile acompañada de los doctores Petro y De la Calle, abanderados de la gratuidad universal, para ver si de regreso es menos difícil acordar políticas efectivas de equidad, ya que no se les puede dar gusto en anular el mercado.
Ver mis columnas “Política y mercado de residencias universitarias” (16/sep/2017) y “Pos-MANE, representación estudiantil y reformas de educación superior” (23/sep/2017).
Con la inmensa mayoría de los estudiantes, sus familias y la sociedad en general, lo que procede es la persuasión basada en los beneficios individuales y sociales de las reformas en la educación terciaria, más allá del carácter dual público y privado del sistema.
Necesitamos un sistema centrado en el aprendizaje y desarrollo de habilidades de cada estudiante para el empleo y el emprendimiento que impulsen la economía del país. Para usar palabras del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2018 del Banco Mundial, la baja calidad (bajo aprendizaje) y la alta deserción representan “una crisis moral y económica que debe afrontarse de inmediato”.
El cambio debería proponerse en los primeros cuatro años reducir la deserción de “uno de dos” a “uno de tres” estudiantes. Si se entiende que los componentes del sistema se van a alinear en torno al interés del estudiante, la reforma debería pasar sin demasiadas manifestaciones callejeras y paros, y en contraste sí con manifestaciones de la opinión pública mayoritaria.