EN COLOMBIA, ¿LA DERECHA CONfía más en el pueblo que la izquierda? Según la discusión del referendo reeleccionista, sí: los antiguos entusiastas de la democracia participativa, izquierdistas, lograron que los acusaran, con éxito, de querer impedir que el pueblo decidiera sobre la segunda reelección.
Así, la soberanía popular es hoy un activo de los caudillistas (no chavistas). Un costo alto para la democracia republicana y, de paso, para la izquierda que nunca creyó en la “dictadura del proletariado”.
Si la ley del referendo constitucional hubiera sido bien tramitada, ¿la oposición estaría de acuerdo con que el pueblo decidiera? La respuesta a esta prueba ácida de apego a la soberanía popular es un sorprendente “no”. La primera razón del “no” es instintiva: puro “susto” del resultado, aun cuando podría haber sido adverso a la reelección, y si favorable, luego siguiera la batalla de la elección presidencial propiamente. Una suerte de confesión de “perdimos al pueblo” y no confiamos en su “sabiduría”.
La segunda razón es una refinada elaboración intelectual. Dice así: la segunda reelección sustituye la Constitución al acabar la separación de poderes, y solamente una Asamblea Constituyente puede sustituir la Constitución. El referendo constitucional es un mecanismo de reforma, no de sustitución, así sea de iniciativa popular (sin trampas plutocráticas) y así el pueblo se “desboque” en las urnas. Según esta jurisprudencia, que tuvo su apogeo en 2004 y 2005, tampoco el Congreso puede “sustituir total o parcialmente la Constitución”.
“Pueblo desbocado” es la clave. Si el poder constituyente originario sólo se puede ejercer mediante una Asamblea Constituyente, o sea una reunión de gente educada y razonable, estamos a salvo de que las mayorías enloquezcan. Tal vez hemos ido muy lejos con esta desconfianza en la soberanía popular. Los referendos constitucionales, y especialmente los de origen ciudadano, que como se vio no son fáciles de montar, deberían tener mayor alcance que las reformas del constituyente derivado, el Congreso.
A su vez, el Congreso debería poder “sustituir parcialmente” la Constitución, en representación del soberano popular. En otras palabras, habría que ajustar el llamado “juicio de sustitución” o los límites competenciales de reforma para que no parezca que la Corte Constitucional es el “poder último” del Estado, sin que siquiera su poder sea derivado de primer orden del pueblo, o que la Corte tiene atribuciones de constituyente primario selecto. Todo para devolverle a la soberanía popular su lugar, manteniendo una respetuosa distancia y un entusiasmo moderado sobre su sabiduría.
Hay que agradecerle a la intentona de la reelección la revaloración de los procedimientos del Estado de Derecho, la emergencia del tema de la soberanía popular y haber desnudado la coherencia de algunos que posaban de comprometidos con el proyecto moderno y liberal.