En un acto sorprendente de malabarismo ideológico, ahora dizque hay que agradecerle al gobierno del expresidente Uribe, y a sus acólitos en el Congreso, la legalización de la marihuana para uso medicinal en Colombia.
Nicolás Uribe, el exrepresentante uribista que fracasó en su intento de llegar al Senado, se atribuyó recientemente el haber impulsado la reforma constitucional que hoy “permite” la ley de legalización de la yerba para usos médicos.
Lo de Nicolás, uno de los mandaderos legislativos del Gobierno pasado, es una dosis máxima de cinismo que no aguanta un examen de la historia reciente.
En 2009, ya en el otoño de sus dos períodos, el presidente Uribe había intentado sin éxito penalizar la dosis mínima por varios medios; primero a través del referendo en su primer gobierno, y luego en varios proyectos de reforma constitucional que no prosperaron en el Congreso por su corte retardatario. Uribe acusaba a la figura de la dosis mínima de haberle hecho “gran daño al tejido social del país”, de alentar la “permisividad” entre la juventud, y de ser incompatible con la “corresponsabilidad” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
Corto de tiempo, el Gobierno optó por camuflar su intensión coercitiva contra la dosis mínima dentro de una reforma con visos de salud pública. En vez de atacar el artículo 16 de la Constitución, sobre la libertad individual, decidieron agregar la “prohibición” a la dosis personal en el artículo 49 de la Carta, que trata sobre los derechos de acceso a la salud.
En su versión original, de la que fue ponente el exrepresentante Uribe, el proyecto contra la dosis mínima proponía medidas de tratamiento obligatorio a los consumidores de drogas que “podrían estar acompañadas de limitaciones temporales al derecho a la libertad”. Querían cambiar la internación carcelaria por hospitalaria.
Al final de los debates de 2009 la intención original del Gobierno y sus ponentes terminó algo rebajada, sin tratamiento obligatorio, pero con una “prohibición” de la dosis mínima, “salvo prescripción médica”. Está última adición, calcada de un artículo ya existente en el Código Penal, y de la cual hoy se ayuda la tímida reforma de legalización de la marihuana para usos medicinales.
Sin embargo, lo que se aprobó en 2009 fue finalmente un retroceso, a la luz de los recientes consensos de expertos de la ONU, la OEA y la OMS, en la aplicación de una mirada de salud pública a la política de las drogas. Por un lado, al introducir una prohibición al consumo, cerraron constitucionalmente el camino a experimentos de políticas sobre drogas más progresistas de consumo regulado, por ejemplo. En segundo lugar, está aún abierta la puerta para que una futura reglamentación de ese artículo dote a la “prohibición” del consumo de medidas coercitivas.
Esta segunda posibilidad es especialmente preocupante. Viendo la facilidad con la que algunos políticos cambian de opinión, el incipiente consenso que hoy se ha generado a favor de políticas de drogas más progresistas podría fácilmente revertirse.