Una granada de las Farc, la aparente negligencia médica del Hospital San Andrés de Tumaco y las falsas acusaciones de la Policía Nacional mataron a Pier Ángelo Cabezas Montaño, un niño de 14 años.
Su muerte ilustra los peligros de la politización de las víctimas, un fenómeno creciente en el marco de este proceso de paz con las guerrillas.
El 20 de mayo de este año, Ángelo estaba viendo un partido de fútbol entre los policías de la vereda de Chilví, al lado de Tumaco. Lo acompañaba otro niño, Sebastián Preciado, de 13 años. Desde una moto, según testigos, miembros de las Farc lanzaron una granada contra los policías, y la onda explosiva alcanzó a los dos niños. Las Farc posteriormente reconocieron la autoría del atentado.
Sebastián llegó prácticamente muerto al hospital en brazos de un policía. Según el reporte de la enfermera que lo recibió en el hospital, el policía describió al niño como “víctima” de la explosión. Unos minutos después esta versión cambiaría, y Ángelo y Sebastián pasarían a ser los “niños bombas” de las Farc.
Después del estallido, Ángelo salió corriendo. Tenía 27 heridas de esquirlas de granada, pero logró llegar a la casa de una vecina que lo llevó al hospital, donde minutos antes habían llegado siete policías levemente heridos y Sebastián agonizando. La mamá de Ángelo, María Montaño, entró a la sala de urgencias antes de las 5 p.m. y se reunió con su hijo. Pero, como señala una investigación de Human Rights Watch, Ángelo “no fue admitido a la sala de urgencias ni recibió tratamiento hasta las 7:50 p.m”, cerca de dos horas después de haber llegado.
“Le tomaron radiografías”, me dijo María, “pero nunca hubo quién las leyera”. En medio de la espera, cuenta María, Ángelo comenzó a ser acusado por los policías de haber lanzado la granada a petición de las Farc: “Le decían que era una porquería, que el de arriba lo iba a castigar”.
La autopsia luego revelaría que Ángelo tenía perforado el intestino, el hígado y el corazón. Sin embargo, mientras agonizaba, quejándose de dolor y de frío, hubo tiempo para que incluso la Fiscalía llegara a interrogarlo a pesar de las súplicas de su madre para que lo atendieran. Precisamente durante esta interrogación, a las 9:10 p.m., según los registros del hospital, el niño entró en paro y murió, pese a los intentos para reanimarlo. Al día siguiente, en un comunicado de la Policía Nacional, Ángelo y Sebastián fueron “sindicados del lanzamiento del artefacto explosivo”. El comandante de la Policía de Tumaco, coronel Héctor Álvarez, lo llamó una “barbaridad criminal”. Esta falsa versión, contradicha por los familiares y por la Diócesis de Tumaco, fue dada como cierta por la Alcaldía de Tumaco, los medios, que los bautizaron los “niños bombas”, y el propio presidente Santos, quien se pronunció al respecto.
“Yo no quiero plata, yo quiero que se sepa la verdad y se limpie su nombre”, dice María, a quien la voz se le rompe mientras hablamos por teléfono de la indignación. “Él era un niño bueno. Nunca le habría hecho daño a nadie. Unas semanas antes de la explosión recogió un pajarito herido y lo trajo para que lo curáramos. Cuanto estuvo mejor, me dijo que lo soltáramos para que se fuera donde su mamá”.